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Jorge De León Duque Foto: PDH GT

Guatemala, Septiembre 1 del 2016.- Por incumplimiento del mandato en la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas (OPN) se recomendó dar de baja a los cinco relatores y al Secretario Ejecutivo de esa institución .

El procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, entregó a la Comisión de Derechos Humanos y a la presidencia del Congreso de la República un informe donde detallas las faltas al mandato de la OPN.

La evaluación de la dependencia se realizó entre los meses de junio y julio de este año y encontraron falta de identificación y caracterización de las personas víctimas de tortura, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, y no precisan de indicar los lugares donde ocurren las faltas a los derechos humanos.

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De León Duque señala que la OPN todavía no ha informado con qué frecuencia se violan los derechos, y solo se han dedicado a efectuar visitas en los centros de detención donde hallaron precariedad en infraestructura, limpieza, servicios básicos, alimentos y servicios médicos.

Otra de las situaciones que encontraron es que el presupuesto asignado a la oficina se gasta en un 84%  en salarios y no cumplen con sus mandatos laborales. Las visitas que realiza la PDH en el interior del país tienen un costo aproximado de Q300, mientras la OPN reporta gastos por varios miles de quetzales en cada una.

Alberto Brunori, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) indicó que en una visita realizada por el subcomité en mayo, se mostró preocupado por el funcionamiento que era mal ejecutado, así mismo por medio de la OPN visitaron centros carcelarios a los cuales no se les ha hecho denuncias públicas realizadas por esa oficina.

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Mientras tanto la trabajadores de la OPN señalaron los problemas internos de la institución, una fuente señaló a el medio guatemalteco elPeriódico que las reuniones que se sostienen son muchas veces para  resolver conflictos internos y no para cumplimiento de labores.

El Ministerio Público (MP) tiene 25 denuncias y la PDH 32 interpuestas por trabajadores por los delitos de abuso de autoridad, usurpación, tráfico de influencias y otros. Carlos Solórzano, relator presidente tiene 6 denuncias por falsedad material, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y amenazas.

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