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Velasquez y Aldana Foto: Congreso

Guatemala, Agosto 12 del 2016.- La Fiscal General, Thelma Aldana, y el representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, se reunieron con diputados del Congreso para solicitar que se considere la propuesta de reforma al Código Procesal Penal, presentada por el congresista Oliverio García Rodas el lunes pasado. Dicha propuesta busca reducir las sentencias para los acusados que admitan los cargos por los que son juzgados.

En la reunión donde estuvo el presidente del Legislativo, Mario Taracena, y los jefes de bancadas de ese Organismo, la Fiscal dijo que la iniciativa también debe ser discutida por varios sectores ya que eso la enriquecería más.

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El jefe de la CICIG manifestó que la propuesta “no está pensada para apoyar o colaborar con la impunidad como se hace pensar”, pues ésta tiene que llenar varios requisitos que demanda la ley. Resaltó que de aprobarse, no beneficiaría a quienes están siendo procesados actualmente por el caso La Línea, Cooptación del Estado y La Coperacha.

Foto: Congreso
Foto: Congreso

Uno de los fines del proyecto en mención es, descongestionar el sistema de justicia al que ingresan muchas denuncias y evacúa pocos casos sostuvo Aldana, mientras que el representante de la Comisión Internacional indicó que este tipo de mecanismos penales ha demostrado efectividad en países como Colombia, Estados Unidos, Venezuela, Perú y Bolivia.

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El parlamentario, Raúl Romero, mostró su apoyo a la iniciativa, al afirmar que ésta sería una salida viable para resolver de mejor manera los conflictos jurídico-penales; sin embargo también mencionó que es importante tener la aprobación de todos los sectores.

Los dirigentes de las dos entidades investigadoras (MP y CICIG), aseguraron que esto proporcionaría un ahorro a la actividad procesal, impactando favorablemente en todo el sistema de justicia.

Agregaron que otra de las ventajas de aplicar esta reforma es que el sistema de justicia penal elevaría sus niveles de eficiencia al permitir una mayor cantidad de casos resueltos y con prontitud, incluyendo los de gran complejidad. Además se podrá aplicar más recursos al procesamiento legal de los casos difíciles, y contribuiría así a la reducción de los niveles de impunidad.

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