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Mario López Estrada Foto: Bloomberg / Alchetron

Agosto 2 del 2016.- Por más de 20 años el guatemalteco, Mario López Estrada, se ha consolidado como un gran empresario reconocido a nivel nacional e internacional, pero su riqueza y poder han desatado dudas. López Estrada, dueño de la empresa de telefonía Tigo, podría haber logrado su crecimiento y expansión con favores que el Estado de Guatemala le habría hecho.

El medio de investigación Nómada realizó indagaciones que relatan como el empresario nació en ese negocio y la forma que este ha sido beneficiado por los funcionarios políticos- Dichos hechos han generado sospechas para que algunos entes de Guatemala los investiguen además de países como Estados Unidos y Paraguay.

Antes de incursionar en el negocio de la telefonía, López Estrada había trabajado durante el gobierno de Vinicio Cerezo como ministro de Comunicaciones. En 1991 ese gobierno fue acusado de cometer una serie de ilícitos en compañía de sus funcionarios, las sospechas fueron sobre si tenían o no acciones en Comcel, “empresa a la que le habían entregado el monopolio de la telefonía móvil” – Nómada.

A penas unos años después, López se convertiría en uno de los accionistas más poderosos de esa empresa.

Para el 2005 salieron a la luz unos cheques por Q3.5 millones que Comcel había otorgado a la campaña del expresidente Alfonso Portillo y por esa razón se empezó una investigación. El entonces vicepresidente de Millicom reconoció el financiamiento ilegal de ese candidato y a cambio Portillo redujo a la empresa el pago de las utilidades de 10% al 5% y la Banda B.

En el pasado gobierno del Partido Patriota (PP), también la investigación de Nómada relata cuatro posibles favores al magnate:

  • El primero cuando en el 2012 el Congreso sin licitar prorrogó a Tigo el uso del ancho de banda por 25 años más
  • El segundo en 2014 cuando el Ministerio de Gobernación le dio un contrato por más de Q1 millón para instalar cámaras de vigilancia en algunos municipios, el contrato equivalía a un 85% de lo que Tigo había recibido en licitaciones desde el 2006, además esta se convirtió en la proveedora telefónica número uno del Estado
  • El tercero ocurrido también en el 2014 y fue la creación de la Ley de Control de Telecomunicaciones o Ley Tigo, en la cual se podían colocar antenas y cables sin permisos municipales
  • El cuarto fue poner al frente del Programa de Competitividad a Asisclo Valladares Urruela, exgerente de Tigo, en lugar de haber puesto a algún delegado del sector privado CACIF donde Tigo no es parte.
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Antes que cayera el Partido Patriota el año pasado, López entró en la lista de Forbes, entre las dos mil personas más ricas del mundo siendo él la primer persona billonaria de Centroamérica.

Negación de investigaciones o denuncias

Manuel Sisniega, director de asuntos corporativos de Tigo, indicó que no tienen conocimiento de alguna denuncia que se relacione a compra de voluntad y que todo se basa en suposiciones, refiriéndose a pago hecho a los congresistas para que aprobaran la Ley Tigo.

Este año esa ley fue vetada por la manera en que fue aprobada, con menos de 105 votos y de urgencia nacional: error de procedimiento en la que habrían caído los parlamentarios.

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La empresa sueca Millicon, propietaria mayoritaria de Tigo, denunció en octubre del 2015 a sus socios guatemaltecos por posibles sobornos relacionados con la Ley Tigo o las concesiones de bandas de telefonía. En julio de este año, Millicom en un comunicado manifestó que no se habían encontrado evidencias anómalas en Tigo y que la investigación a cargo del Departamento de Justicia de los Estados unidos continuaría abierta.

Nómada afirma que una de sus fuentes en el Congreso les informó que en abril del 2016 esa institución recibió una notificación emitida por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos, para requerir información del proceso de aprobación de la Ley Tigo, antenas y cableado por sospechas de lavado de dinero.

Pero dicha solicitud no ha sido confirmada ya que Corina Ardón, vocera de la Superintendencia de Bancos, respondió a una de las entrevistas de Nómada que no podía brindar información ya que esos asuntos no son de carácter público. Por otra parte, el Ministerio Público (MP) se limitó a decir que si existiera un caso por lavado de dinero estaría bajo reserva para no entorpecer el proceso.

A Mario Taracena, presidente del Congreso también lo cuestionaron para saber si ha recibido alguna notificación de la IVE pero negó dicho acto al igual que los ejecutivos de Tigo. Nómada por medio de una de sus fuentes gubernamentales asegura que logró confirmar la información.

En el país sudamericano Paraguay también se realizar una investigación pues allí, López Estrada tiene un complejo comercial conocido como Paseo La Galería. En abril de este año recibieron una denuncia penal por sus socios de ese país Juan y Fernando Talavera Gustale, supuestamente por haber comprado la voluntad de unos seis jueces a cambio de fallar a favor de los intereses del empresario guatemalteco, pues para su negocio existía una oposición legal en su contra.

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Arleck los había denunciado y pedía una indemnización millonaria por daños y perjuicios cuando rompieron la relación de socios. También un concejal de la alcaldía capitalina de Asunción solicitó detalles de la aprobación de los planos del complejo pues sospechan que existió sobornos para autorización de los planos. La duda nació por una queja que un ciudadano hizo al indicar que no había acceso para las personas con discapacidades como lo exigen los reglamentos locales.

En ese mismo país también López Estrada adquirió un inmueble propiedad de la Dirección de Aeronáutica, acciones que generan sospechas por anomalías y han abierto una tercera investigación. Según sindicalistas, el concurso para la adquisición fue hecho a la medida del guatemalteco e incluso le fue vendido por una suma menor al valor del mercado.

Origen del flujo de dinero

Sus negocios son parte de su hoja de vida empresarial con lo que ha logrado destacar entre las dos mil personas más ricas del mundo. Aún así, las investigaciones se dirigen para rastrear el flujo de capitales de sus negocios que van de empresas de construcción, telefonía y mercado energético.

Nómada explica que sus capitales se mueven por medio de no menos de 10 offshores inscritas en Panamá.

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