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Periférica IGSS zona 5 Foto: IGSS

Guatemala, Julio 29 del 2016.- Recientemente la Comisión de Previsión y Seguridad Social del Congreso hizo un llamado a unas 70 organizaciones para apoyar propuestas de reformas a la Ley del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), y esto ha provocado descontento y debate en distintos sectores del país.

Según la comisión, las reformas beneficiarán a los guatemaltecos pues el Seguro Social mejoraría la atención a los afiliados y agilizaría los trámites administrativos. Sin embargo, analistas sostienen que las intenciones del grupo parlamentario podrían ser otras.

El grupo es encabezado por el diputado del bloque Encuentro por Guatemala (EG), Luis Pedro Álvarez, quien indicó que ha recibido aproximadamente 3 mil denuncias de pacientes del IGSS por mala atención y argumenta que por ello surge la iniciativa.

Afirma que una de las propuestas a incluir sería que los afiliados tengan la libertad de elegir el servicio de un hospital que no sea obligatoriamente el Seguro Social, sin incrementar el descuento (cuota IGSS) que el patrono les realiza en su salario. “Por qué esperar que el IGSS construya un edificio o ponga una policlínica. Queremos que el usuario pueda ir donde quiera, con un tarifario establecido”, reiteró el legislador.

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Roberto Ardón, director ejecutivo del Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), manifestó que apoyan la idea de que el contribuyente pueda elegir en qué lugar tomar el servicio médico. Pues asegura que eso le devolvería el poder al afiliado, ya que el IGSS sólo “devora los recursos” enfatizó.

El presidente de la junta directiva del IGSS, Carlos Contreras, dijo estar en contra de esa posibilidad explicando que no se debe comparar con los servicios que ofrecen los hospitales privados. “En el privado puede cotizar hasta el costo que pueda pagar, pero si tiene sueldo de Q2 mil no va a tener una prima que le garantice toda la cobertura y además las pensiones como lo hace el IGSS”, resaltó.

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Jorge de León, procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, señaló que lo ideal es optar por un modelo se seguridad social que necesita el país, así como erradicar la corrupción que en esa entidad se ha originado, ya que eso impide que la compra y administración de medicamentos sea transparente.

Apuntó que no se debe confundir las reformas con la privatización, “si encontramos el modelo (de la salud y seguridad social) con la cooperación de entes privadas, y eso significa mejor atención y salvar vidas, debemos encontrarlo”, comentó.

Por otro lado, la investigadora social, Karin Slowing, dijo que la salud del país está privatizada de hace varios años debido a que el gasto fundamental lo pagan las familias cada vez que compran medicina en las farmacias o pagan un médico particular.

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Considera que la intención de la comisión del Congreso es privatizar el IGSS, pero lo disfrazan de reformas. “Ya se vio qué pasó con las privatizaciones de Álvaro Arzú”, dijo la investigadora.

Indicó que esas posibles reformas no están fundamentadas razonablemente, podría tratarse de una redistribución de funciones entre el Ministerio de Salud y el Seguro Social, afirmó.

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