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Nineth Montenegro Foto: Congreso

Guatemala, Julio 29 del 2016.- La congresista Nineth Montenegro y sus compañeros de la bancada Encuentro por Guatemala (EG), presentaron una denuncia ante el Ministerio Público (MP) en la cual piden que se investigue a las personas que durante el período 2012-2015 estuvieron al frente de varias entidades estatales, pues sostienen que éstos habrían realizado actividades fraudulentas en su administración.

Se trata de las personas que en ese tiempo dirigieron:

  • El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI)
  • Fondo Social de Solidaridad (FSS)
  • Dirección General de Caminos (DGC)
  • Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán (AMSA)

La denuncia explica que los fraudes se habrían cometido a través de adjudicaciones de contratos correspondientes a supervisión de servicios de dragado por excepción y de manera restringida; y hasta después el MICIVI firmó 36 contratos por el servicio directo de dragado, y de nuevo 32 más por supervisión de obras. El monto de estos contratos ascendía  a Q1,704 millones.

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Denuncian irregularidades Foto: Congreso
Denuncian irregularidades
Foto: Congreso

“Llama la atención que de los 32 contratos referidos, 31 se adjudicaron entre 2012 y 2014, cantidad que no incluye los contratos de Consejos Comunitarios de Desarrollo, municipalidades o portuarias”, detalla la misma.

De esos contratos el FSS adjudicó 33 por concepto de dragado (equivalentes a Q1,414 millones), que se presume fueron ilegalmente. Siguiendo la misma línea, la DGC otorgó 3, valorados en Q207 millones.

Mientras que AMSA fue la dependencia que más gastó en alquiler de maquinaria, y los parlamentarios indican que posiblemente esos fondos no fueron utilizados de manera transparente.

Según los denunciantes, dichos contratos fueron adjudicados a 23 empresas, entre las que destacan Alquiler de Tractores (ALTRACSA), que tiene como representante legal al prófugo de la justicia por el caso Cooptación del Estado, Marco Antonio Recinos.

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Asimismo, la Constructora del Atlántico, S.A. y MACOR; empresas representadas por Carlos Gabriel Guerra y Julio Alejandro Quinto, respectivamente y quienes también están involucrados en el caso de desfalco al Estado.

Los diputados del partido EG demandan que estos contratos sean investigados por el MP, y que también se investigue a las empresas vinculadas en los mismos. Ya que “existe la posible concurrencia de fraude y que a los contratistas se les facturaba por servicios intangibles, simulados y difíciles de rastrear”, describe la denuncia.

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