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¿Qué sucedió durante los desalojos en Semuc Champey? Foto: PDH

Guatemala, Julio 6 del 2016.- El día lunes 5 de julio autoridades del Ministerio Público (MP) con acompañamiento de agentes de la Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala acudieron para realizar un desalojo de unas mil personas que habían tomado la administración del sitio turístico Semuc Champey en Alta Verapaz.

De acuerdo a información del MP y la PNC, las autoridades retomaron el control de las instalaciones y durante dichos desalojos, tres agentes uniformados resultaron heridos con armas de fuego.

Los heridos fueron identificados como Israel Barrios de León, Jacinto Pérez y Walter Cuc Tut. El día anterior, los pobladores bloquearon el paso para que llegaran hasta el sitio y solo se logro efectuar un reconocimiento del área.

Hoy se garantizó la integridad de Fiscales, CONAP, DDHH que presenciaron el operativo táctico policial, expreso PNC en su cuenta de Twitter el día de ayer.

Mientras tanto la Procuraduría de los Derechos Humanos informó que la PDH en Alta Verapaz daría seguimiento a la situación y verificaron las acciones de las autoridades quienes retomaron el control del parque.

Motivos del desalojo

El lugar había sido tomado desde el 14 de septiembre del año pasado por un desacuerdo con las autoridades del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) a quienes expulsaron y les quitaron la administración.

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Por las acciones de los invasores, el CONAP puso una denuncia para proceder legalmente y asegurar un diálogo con los inconformes.

Las investigaciones indican que lo pobladores se instalaron en el lugar desde septiembre de 2015 tras exigir la administración total del sitio turístico, pues según un acuerdo gubernativo está regulado que tienen derecho como comunidad a recibir un 30% del ingreso monetario del lugar, pero no en efectivo sino para desarrollar proyectos amigables de medio ambientes.

Además, a la municipalidad de Lankin le corresponde un 10% y el 60% restante para mantenimiento y sostenimiento propio del parque. Las comunidades de los alrededores tomaron en septiembre del 2015 dicho lugar, asegurando no haber recibido el 30% de los ingresos percibidos por parte del CONAP.

De acuerdo a una nota realizada por el medio Prensa Comunitaria, cuatro comunidades q’eqchiés: Chisubín, Semil, Subín y Santa María del municipio de Lanquín, Alta Verapaz habían vivido rodeados de diferentes empresarios, policías, militares, paramilitares y trabajadores del CONAP. Desde el pasado 4 de julio unas 200 patrullas y unos 800 elementos generaron violencia al tratar de realizar el desalojo contra las comunidades ancestrales.

Entre las recomendaciones del Informe sobre situación de los Derechos Humanos en Guatemala de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA de 2015, la relacionada con el desalojo de comunidades y pueblos indígenas señala que debe ser una circunstancia excepcional porque los desalojos constituyen graves violaciones a los derechos humanos internacionalmente reconocidos tales como el de la vivienda, salud, alimentación entre otros. También se recomienda privilegiar el diálogo antes que el uso de la fuerza y la violencia del Estado.

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Según el medio en mención, el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) y otras entidades del Estado han tergiversado la postura comunitaria, estigmatizado a las autoridades y comunitarios, incluso han pedido a los turistas que no visiten el lugar, llamándolo “área roja”.

Siguiendo con la información que expresaron las autoridades y los mismos visitantes desmienten que haya peligro para ellos, y que el lugar es más seguro y limpio en la administración de las comunidades.

Autoridades utilizaron fuerza excesiva que afecto a niños y ancianos

Ayer fue publicado un comunicado realizado por Consejo de Autoridades Indígenas Q’eqchi’ X’AJK, Asociación Probienestar en Acción SANK, Asociación de Forestería Comunitaria de Guatemala Utz Che’, Fundación Maya, Redmanglar Internacional, Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras y la Coordinadora de comunidades guatemaltecas por la defensa de los manglares y la vida.

De forma textual en el primer párrafo manifestaron:

“Se reporta que miembros de la fuerza pública del Gobierno de Jimmy Morales están disparando gas lacrimógeno y allanando las moradas en propiedad privada de las comunidades de Santa María Semuq Champey y Chikanuz. Desde tempranas horas, estos elementos de la Policía Nacional Civil, con apoyo del Ejército, dispararon ráfagas de balas y gas lacrimógeno para tomar control del patrimonio comunitario Semuq Champey. Ahora la fuerza pública está desplegándose más allá del Parque Semuq Champey, y están llegando a las casas de las comunidades, para reprimirles con exceso de fuerza e invadir sus tierras, ejerciendo violencia contra las familias q’eqchi’es. Las familias no están armadas y temen por sus vidas”.

Señalaron también que se realiza una campaña mediática contra las comunidades quienes supuestamente incitan a la violencia, cuando las fuerzas públicas fueron las que utilizaron fuerza excesiva y armas letales contra los pobladores desarmados.

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Según señalan durante el operativo realizado el 4 de julio, nueve jóvenes fueron heridos y resultaron afectados ancianos y niños por el uso de bombas lacrimógenas que lanzó la PNC.

Las agrupaciones exigen:

  • Que se detenga la violencia de Estado contra las comunidades de Lanquín
  • Que se apeguen al derecho nacional e internacional
  • Que sean reconocidas las comunidades como legitimas propietarias del patrimonio
  • Que el Gobierno retome un dialogo serio con las autoridades, y
  • Que sea reparado el daño físico y psicológico de las víctimas del desalojo, priorizando a los niños y mujeres.

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