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Detenidos por el caso Cooptación del Estado aseguran ser inocentes Foto: MP

Guatemala, Junio 22 del 2016.- Este martes desfilaron ante el juez Miguel Ángel Gálvez 36 de los 57 acusados del caso Cooptación del Estado, pero de ellos sólo ocho, entre funcionarios y particulares declararon en su defensa, asegurando que son inocentes.

La ex-secretaria administrativa financiera del Partido Patriota (PP), que llevó al poder en el 2012 a Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti (también acusada), Edna Maribel Berganza Colindres, rechazó los cargos en su contra.

Foto: Juan Carlos Monzón / Reporte Índigo
Foto: Juan Carlos Monzón / Reporte Índigo

Explicando que sólo administraba los recursos que entregaba para la campaña electoral Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Baldetti y ahora colaborador eficaz del Ministerio Público (MP) en este caso. “Quiero dejar claro que nunca he pertenecido a ninguna banda, nunca he solicitado comisión alguna”, aseguró, y ofreció entregar las pruebas a la Fiscalía.

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Por su parte, el exdirector del Registro Nacional de las Personas (RENAP) Rudy Gallardo también se declaró inocente y sostuvo que las imputaciones que le hace el MP son “falsas”. De acuerdo con la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Gallardo se reunió con Monzón para negociar la comisión que recibiría por un contrato de seguridad que se le entregó a una empresa privada.

Mientras el empresario Julio René Barrios reconoció que el exsecretario privado de Baldetti se le acercó para pedirle comisión por un contrato que le habían otorgado a la empresa Maya Fert, dedicada a la venta de fertilizantes. Sin embargo, aclaró que no era el representante legal de la compañía y por lo tanto no podía aceptar la petición de Monzón.

Entre los más de 20 que se negaron a declarar figuran el exministro de Cultura  y Deportes, Dwight Pezzarrossi y el banquero Flavio Montenegro.

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Pérez Molina y Baldetti, supuestos líderes de la estructura criminal, son acusados por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, respectivamente.

Según las primeras investigaciones, la red recibía el 10 por ciento de al menos 70 contratos que se otorgaron a particulares entre 2012-2015 y se habrían beneficiado de más de 500 millones de quetzales (65 millones de dólares).

Información de EFE

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