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Foto: Sigma Constructores

Guatemala, Junio 3 del 2016.- La histórica caída de personas involucradas en el financiamiento ilegal al Partido Patriota (PP) que se destapó ayer, trae consigo investigaciones a reconocidas constructoras del país.

Tal es el caso de la detención de una persona relacionada con la familia Guerra (núcleo familiar dueño de varias empresas de construcción), tres representantes de empresas del Grupo Sigma Constructores; así como la orden de captura contra uno de los propietarios de la Constructora Nacional (CONASA), Álvaro Mayorga.

Foto: Conasa
Foto: Conasa

Las investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), señalan que estas empresas financiaron de manera ilícita la campaña electoral del PP en 2011, luego cuando llegaron al poder Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina los beneficiaron con millonarios contratos estatales.

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CONASA, empresa integrante de la Cámara de la Construcción, entre 2012 y mediados de 2015 recibió del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV) Q550 millones, producto de contratos con el Estado.

Foto: Conasa
Foto: Conasa

Sigma Constructores es considerada una de las constructoras más importantes de Guatemala, es propiedad de los ingenieros Mynor Palacios Guerra y Leonel Guerra Aldana. Durante el período 2012-2015 junto a sus empresas filiales HW Contractors y la supervisora Lanello, recibieron mil 200 millones de quetzales del CIV.

También en enero de 2015 firmaron un contrato de Q1 mil 900 millones, para realizar el proyecto de ampliación a cuatro carriles de la CA2 Oriente, la inversión de infraestructura más grande durante el gobierno de Pérez Molina. Sigma se ha beneficiado de un monopolio permitido por el Estado sobre las principales rutas entre la Ciudad de Guatemala y el Oriente del país.

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Foto: Sigma
Foto: Sigma

Los capturados de esta corporación fueron Boris Orlando Navas Águilar, representante legal de Sigma; Max Roberto Burgos Fallaice, representante de HW Contractors y Benjamín González Zepeda de Llanello. Son acusados de entregar al Partido Naranja donaciones electorales que nunca fueron registradas ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El otro grupo empresarial que está siendo investigado es el liderado por José Rodolfo Guerra Díaz y sus hijos Gabriel y Wilder Guerra Villeda. Esta familia de Petén dispone de una red de constructoras compuesta por al menos 12 constructoras. Comenzaron realizando obras para las municipalidades de Petén, pero durante el gobierno Patriota dieron un salto hacia grandes contratos del CIV, como dragado de ríos y construcción de carreteras nuevas. Entre 2012 y 2015 recibieron Q275 millones de este Ministerio.

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La fiscalía capturó a Alejandro Rafael de León Escobar, propietario de ADIC, una de las principales constructoras utilizadas por los Guerra en los últimos años.

De acuerdo con la investigación, ADIC habría financiado la campaña Patriota emitiendo facturas por servicios ficticios a nombre de empresas controladas por Juan Carlos Monzón, ex-secretario privado de la ex-vicepresidenta Roxana Baldetti y recaudador electoral del partido.

Foto: Macor
Foto: Macor

La Constructora Macor también es acusada de financiación ilegal a partidos políticos. Esta compañía propiedad de Julio Alejandro Quinto Tobar, quien fue detenido ayer, recibió Q84.5 millones por contratos con el CIV entre 2012 y 2015.

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