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Iván Velásquez asegura que eliminar antejuicio es solución en sector Justicia

Guatemala, Mayo 19 del 2016.- En conferencia de prensa en el Instituto de la Defensa Pública Penal, Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), sostuvo que la solución para el país en su búsqueda de justicia y transparencia es eliminar el antejuicio para funcionarios.

El Derecho de Antejuicio es la protección que tienen varios funcionarios que les impide ser investigados o ser detenidos sin enfrentar un proceso previo.

Su afirmación fue externada al referirse a lo planteado en las reformas del sector justicia en cuanto a eliminar este derecho o, en todo caso, cambiar las condiciones en las que se goza de ese beneficio.

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“En el proyecto de reforma se establece que ser sometido a procedimiento penal se inicia desde la audiencia de primera declaración, y entonces, si así se aceptara una definición del concepto de antejuicio, significaría que es posible adelantar investigaciones de quienes tienen ese beneficio, pero sin ser capturados hasta que un juez levante la inmunidad”, expuso Velásquez.

Al investigar casos que involucran a funcionarios y alcaldes con inmunidad “se hace la solicitud de que se levante inmunidad contra ellos y se rechaza porque no hay elementos que soportan la solicitud de antejuicio, y ahí lo que hay es una gran impunidad”, indica el comisionado.

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Señaló que de aprobarse estas reformas, entonces se podría adelantar una investigación preliminar, incluidas las intercepciones telefónicas, los exámenes financieros y de bancos, y hacer allanamientos, pero con la garantía de no ser privado de libertad, ni imputado antes de que un juez de vía libre para levantarle la inmunidad.

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“En otros países de Latinoamérica ni altos funcionarios ni alcaldes gozan de ese beneficio y tampoco están presos todos”, porque no se trata de una persecución política, apuntó el representante de la entidad investigadora.

Asegura que el antejuicio es el gran obstáculo al momento de investigar estructuras criminales incrustadas en las administraciones públicas y que sería “saludable” su erradicación.

 

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