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CACIF se pronuncia en contra de suspensión de proyectos mineros e hidroeléctricos

Guatemala, Mayo 13 del 2016.- El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) a través de su presidente, José González Campo, solicitó este pasado martes al Gobierno que se reglamente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo para brindarle seguridad jurídica a los inversionistas en el país.

Dicho convenio trata sobre el deber del Estado de consultar las medidas legislativas y administrativas susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas, estableciendo procedimientos apropiados de consulta a los pueblos afectados, de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las decisiones tomadas.

El CACIF recurrió a esta medida debido a los recientes fallos judiciales que han ordenado la suspensión de proyectos mineros e hidroeléctricos, tal es el caso de la orden emitida por la Corte de Constitucionalidad de suspender las operaciones del proyecto minero Progreso VII Derivada (en San Pedro Ayampuc y San José del Golfo) por petición del Centro de Acción Legal Ambiental y Social.

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González indicó que, “la certeza jurídica para las inversiones es una condición indispensable del Estado de Derecho”, argumentando que Guatemala necesita inversiones y un ambiente competitivo que permita la creación y mantenimiento de empleos, el desarrollo de las personas y sus familias y la generación de recursos financieros al Estado, y gran parte de este desarrollo proviene de la utilización de los recursos naturales que el país provee, enfatizó.

La entidad representativa del sector empresarial del país espera que el presidente, Jimmy Morales, considere la solicitud y pueda dar pronta solución en beneficio de los guatemaltecos.

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