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Libertad de Expresión
Libertad de Expresión

Guatemala, 21 de Enero de 2016 (Cerigua).- La mañana de este jueves hombres armados robaron los ejemplares de Prensa Libre que circularían en el municipio de Barberena, Santa Rosa, en los que se incluía una noticia sobre el ex alcalde Rubelio Recinos quien se ha negado a entregar la vara edil de ese lugar.

Libertad de ExpresiónDurante el atraco el sectorista del medio fue amenazado por los delincuentes quienes le dijeron que no “querían saber nada de Prensa Libre”, aparentemente por la nota que hacía referencia a Recinos.

La dirección editorial del medio dijo que este tipo de acciones amenaza la libertad de expresión y afecta a los pobladores en su garantía constitucional de ser informados; acciones como esta son tomadas de manera frecuente por alcaldes o funcionarios en los departamentos, donde se denuncian casos de corrupción o anomalías en las administraciones locales, señaló el medio.

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El pasado 26 de diciembre, la circulación de Prensa Libre fue censurada también en el municipio de Quetzaltepeque, Chiquimula, aparentemente por órdenes del alcalde Álvaro Morales.

En esa ocasión el medio publicó una noticia sobre las quejas en contra de las municipalidades y se indicó que Morales, quien tiene solicitud de antejuicio, pudo haber incurrido en actos de corrupción.

En el caso de este jueves, Prensa Libre incluyó en su edición escrita una nota en la que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) indica que Recinos no había sido inscrito como candidato durante las pasadas elecciones y por lo cual, no tiene argumentos para continuar en la alcaldía.

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El magistrado Julio Solórzano aseguró que es jurídicamente imposible que una persona que no haya sido electa tome posesión de un cargo de elección popular; Recinos debió entregar el poder el pasado 15 de enero, sin embargo interpuso un amparo ante el Juzgado Unipersonal de Santa Rosa, que lo amparó para continuar en el cargo.

Recinos, quien buscaba su reelección por medio del Partido Patriota (PP), no fue inscrito como candidato luego que la Contraloría General de Cuentas (CGC) no le extendiera el finiquito; la decisión del TSE posteriormente fue ratificada por la Corte de Constitucionalidad (CC).

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