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Guatemala, 07 de Enero de 2016 (Cerigua).- Tres años duraron las investigaciones que llevó a cabo el Ministerio Público (MP) para capturar a 18 militares retirados acusados de violaciones a los derechos humanos y delitos contra los deberes de humanidad por la desaparición forzada de población civil no armada durante el Conflicto Armado Interno.

Entre los capturados figuran Benedicto Lucas García, hermano del expresidente Romeo Lucas García y exjefe del Estado Mayor del Ejército durante el periodo 1978-1982, así como el ex Ministro de Gobernación durante el gobierno del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), Byron Barrientos; éste último fue sentenciado en 2007 a nueve años de prisión por un desvío millonario en esa cartera, pero recuperó su libertad en 2008 mediante una redención de penas, debido a que llevaba preso más de cuatro años.

Los operativos para capturar a los militares fueron realizados por la Fiscalía de Derechos Humanos y la Policía Nacional Civil (PNC) en el departamento de Guatemala y Alta Verapaz.

Además de las detenciones el MP solicitó un antejuicio en contra de Edgar Justino Ovalle Maldonado, diputado electo por el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), partido que impulsó a Jimmy Morales a la Presidencia.

La Fiscal General, Thelma Aldana, señaló que las investigaciones por este caso llamado “CREOMPAZ” iniciaron en febrero del 2012, luego que el Tribunal A de Mayor Riesgo dictara sentencia condenatoria contra cinco personas en el proceso conocido como “Plan de Sánchez”.

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En esa ocasión la judicatura ordenó a la Fiscalía investigar los hechos relatados por algunos testigos en ese caso, quienes indicaron que en la zona militar número 21 ubicada en Cobán, Alta Verapaz, existía un cementerio clandestino con más de 500 víctimas.

Durante las investigaciones se excavaron 14 sitios y en cuatro de ellos se localizaron osamentas humanas que estaban en forma colectiva y con señales de haber sido víctimas de violencia, previo a ser enterradas, señaló el MP.

Cuando obtuvimos información logramos identificar las osamentas, detalles del lugar y fecha en que desaparecieron las víctimas; lo relacionamos con la cadena de mando que tenían a su cargo en Alta y Baja Verapaz, entre ellos Lucas García, añadió la Fiscal General.

Los análisis realizados por la Fundación de Antropología Forenses de Guatemala (FAFG) determinaron que las personas fallecieron por impactos cortantes en el área cervical, golpes y heridas por arma de fuego en el cráneo, así como por heridas en el tórax.

Las víctimas fueron vendadas de los ojos, atadas con las manos hacia atrás con lazos, mismos objetos que fueron utilizados para ejercer presión sobre el cuello y se emplearon otros artefactos para sujetarlas de los tobillos u otras áreas.

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El MP afirmó que la zona militar número 21, que actualmente funciona como área de entrenamiento para las tropas de misión de paz de las Naciones Unidas, fue utilizada como centro de detención y ejecución clandestino para posteriormente enterrar a las víctimas en fosas comunes.

Estos casos de masacres que se les imputan a los exmilitares, donde fallecieron niños, hombres, mujeres y ancianos, constituyen una de las mayores desapariciones forzadas en América Latina, declaró Aldana.

Las 558 osamentas encontradas hasta el momento corresponden a 90 menores de edad; 443 adultos por definir entre hombres y mujeres, entre ellos adultos de la tercera edad; así como 22 sin determinar por el momento; del total solo 97 han sido identificadas.

Por este caso fueron detenidos Manuel Benedicto Lucas García, Edgar Rolando Hernández Méndez, Israel Segura Abularach, Pablo Roberto Saucedo Mérida, César Augusto Ruiz Morales, Juan Ovalle Salazar, José Antonio Vásquez, Gustavo Alonzo Rosales García, Carlos Humberto Rodríguez López, y Raúl Dehesa Olivares.

Fueron capturados también Francisco Luis Gordillo Martínez, Edilberto Letona Linares, Hugo Ramiro Zaldaña Rojas y Manuel Antonio Callejas Callejas, quienes son acusados por la desaparición forzada del menor Marco Antonio Molina Theissen, ocurrida el 6 de octubre de 1981.

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La víctima fue sacada de su vivienda ubicada en la colonia La Florida por tres supuestos elementos del ejército vestidos de particular, ante la presencia de su madre Emma Theissen Álvarez.

Días antes de este hecho, el 27 de septiembre, la hermana de la víctima, Emma Guadalupe Molina Theissen, fue detenida en un reten militar ubicado en Santa Lucía Utatlán, Sololá, por llevar documentos calificados como propaganda de estudio y discusión política; posteriormente fue llevada a una zona militar donde fue torturada y violada, sin embargo logró escapar nueve días después.

El 26 de abril del 2004 el Estado de Guatemala reconoció su responsabilidad por la desaparición del menor ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), la que posteriormente condenó a Guatemala por este casó y ordenó buscar a la víctima, investigar y sancionar a todos los responsables.

Luego de la resolución de la Corte Interamericana, el MP realizó una investigación de 10 años en la que se logró obtener distintos tipos de peritajes y declaraciones testimoniales contrastados con documentos del Ministerio de la Defensa, que sirvieron para solicitar la orden de captura en contra de los cuatro militares sindicados.

 

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