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Cuentas del hijo de magistrada de CSJ sin embargar
Cuentas del hijo de magistrada de CSJ sin embargar Foto: @MPguatemala

Guatemala, 15 de Diciembre de 2015 (Cerigua).- Por falta de espacio en su agenda, el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal reprogramó para el 2 de febrero del 2016 la apertura a juicio en contra de los 17 sindicados por el caso de contratos anómalos entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGGS) y la droguería Pisa.

La mañana de este lunes se tenía planificado que el juzgado celebrara la audiencia en la que la jueza Silvia de León determinaría si los acusados enfrentarán debate oral y público por delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y activo, cobro ilegal de comisiones y fraude.

La cita se aplazó por alrededor de cuatro horas, debido a que el Sistema Penitenciario (SP) no trasladó a la sala a cuatro de los implicados; posteriormente, en horas de la tarde, de León decidió reprogramar la audiencia para inicio de febrero del próximo año, debido al poco espacio en la agenda de la judicatura.

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En esa misma fecha, el Juzgado Sexto de Instancia Penal celebrará la audiencia de apertura a juicio en contra de cinco personas acusadas de adjudicar un contrato anómalo para el arrendamiento de un edificio al seguro social en la cabecera de Chiquimula.

En el primero de los casos se encuentran procesados los ex integrantes de la junta directiva del IGSS Juan de Dios Rodríguez, Julio Roberto Suarez Guerra, Max Erwin Raúl Castañeda Pineda y Álvaro Manolo Dubón González, así como otros empleados de la institución y representantes de Pisa.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) sostienen que los acusados acordaron la adjudicación de un contrato por más de 116 millones de quetzales a la droguería, para prestar servicio de hemodiálisis a pacientes con insuficiencia renal, a cambio de esto, los miembros del seguro social recibieron un soborno.

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En el segundo casos, los órganos de investigación señalan que Francisco Cortez Bocaletti, jefe del Departamento de Servicios Contratados del Seguro Social, acordó el con el diputado Baudilio Hichos la remodelación de una de las propiedades del parlamentario, la cual posteriormente fue arrendado al IGSS.

La Comisión y la Fiscalía presentaron en junio una solicitud de antejuicio contra Hichos por los delitos de asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias; el proceso se encuentra actualmente estancado debido a los recursos interpuestos por el diputado.

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