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Pedro Rafal Maldonado Flores.
Pedro Rafal Maldonado Flores. Foto ©Panorama RIDH

Guatemala, 23 de Noviembre de 2015 (Cerigua).- Declarar una moratoria administrativa en el otorgamiento de licencias de exploración y explotación mineras debería ser un compromiso serio del presidente electo Jimmy Morales al momento de asumir el cargo en enero próximo, indicó el director del área legal del Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), Pedro Rafael Maldonado Flores.

Pedro Rafal Maldonado Flores.
Pedro Rafal Maldonado Flores. Foto ©Panorama RIDH

“Sabemos que él desconoce totalmente el tema, no tiene equipo de trabajo que pueda asesorarlo en este campo, por lo tanto lo primero que tendría que hacer es tomarse un tiempo razonable para analizar la conflictividad persistente, el mal negocio que es la minería para el país y los altos niveles de contaminación que produce”, indicó el abogado en declaraciones a CERIGUA durante su visita a Ginebra, Suiza, para participar en el IV Foro de la ONU sobre empresas y derechos humanos.

Sobre todo, recomienda al futuro mandatario revisar la reciente decisión de la Corte de Constitucionalidad, del pasado 28 de octubre, en la que por medio de un amparo interpuesto por CALAS, por primera vez en el país se canceló una licencia minera “porque hubo violación de derechos humanos en su otorgamiento”; se trata del proyecto “Sechol”, ubicado entre los municipios de Senahú y Panzós, Alta Verapaz, licencia que había sido entregada a favor de la empresa Mayaníquel, S.A.

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La decisión quedó en firme, sólo es cuestión que la sentencia regrese al tribunal constitucional de primer grado para que se operativice la cancelación definitiva, indicó el abogado; la licencia fue totalmente invalidada y tiene que empezar desde cero el procedimiento de concesión, el cual también implicaría llevar a cabo un proceso de consulta, como lo establece el Convenio 169 de la OIT, por tratarse de territorios donde habitan pueblos indígenas.

“En las comunidades hay un gran número de personas inconformes por los proyectos mineros”, afirmó el abogado ambientalista; al mismo tiempo alertó que “existe un patrón bien orquestado, con apoyo de empresas de seguridad privada al servicio de las mineras, que consiste en identificar a los principales líderes comunitarios, fabricar casos con los cuales pudieran señalar de violentas a las comunidades y con eso despojarlos de la figura de defensores de derechos humanos”.

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El caso de la conflictividad en San Rafael las Flores, en Santa Rosa

De acuerdo con Maldonado, quien personalmente ha llevado adelante la defensa legal de hasta 125 defensores ambientales, la empresa minera San Rafael, S.A., propiedad del consorcio canadiense Tahoe Resources, llegó incluso a contratar al militar peruano retirado, Alberto Rotondo, para diseñar e implementar una estrategia de criminalización y judicialización contra quienes se oponían al proyecto minero.

El ex militar se encuentra actualmente en prisión a la espera de un juicio en su contra por hechos de violencia perpetrados contra comunitarios; asimismo, según explicó el abogado de CALAS, “la empresa es objeto desde el 2012 de una causa judicial por el daño ambiental que el proyecto minero empezó a ocasionar desde el momento de su construcción y el proceso está a punto de llegar a juicio”.

A la conflictividad existente le están sumando elementos que pueden llevar a una activación de los procesos de resistencia, dijo el director legal de la organización ambientalista; “el gobierno de Alejandro Maldonado Aguirre ha reactivado el otorgamiento de licencias en los meses que lleva de gestión, en tanto el presidente electo ha mostrado su intención de autorizar los proyectos mineros que sean necesarios, aseguró.

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“Ante las manifestaciones de rechazo social, una agenda pro minería puede generar mucha más conflictividad”, sentenció.

El abogado participó en el IV Foro de la ONU sobre empresas y derechos humanos, espacio que anualmente reúne en Ginebra a representantes estatales, empresarios y organizaciones de sociedad civil para discutir buenas prácticas en la implementación de los Principios rectores sobre empresas y derechos humanos; este constituye el único instrumento de la ONU, de carácter voluntario, sobre medidas para prevenir, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos provocados por actividades de empresas.

Maldonado Flores aprovechó su visita al sistema internacional de derechos humanos de la ONU para presentar la situación de amenazas y hostigamiento de que ha sido objeto por la labor de defensa legal que ha adelantado a favor de comunidades y personas que se han opuesto al desarrollo de proyectos mineros en el departamento de Santa Rosa.

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