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Comisión Internacional de Juristas (CIJ)
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Guatemala, 18 de Noviembre de 2015 (Cerigua).- La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) exigió al Estado de Guatemala detener la criminalización de la protesta social, que se ha convertido en un fenómeno recurrente en el país desde el 2004, principalmente en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, por su asociación a movimientos pacíficos en defensa de los recursos naturales.

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La CIJ, con sede en Ginebra, emitió un comunicado, en el que destaca que especial preocupación causan las detenciones arbitrarias de las que son objeto defensores y defensoras de derechos humanos, que trabajan en áreas de alta conflictividad social y se vinculan a la protección de los recursos naturales, territorios o derechos de los Pueblos Indígenas.

Con el objeto de conocer el impacto de esta práctica, la eurodiputada Marina Albiol, visitó Guatemala del 2 al 5 de noviembre del presente año; en dicha ocasión, la CIJ acompañó a su delegación en una visita in situ a los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, para entrevistarse con defensores y defensoras de Derechos Humanos, así como para sostener reuniones con funcionarios de gobierno y movimientos sociales.

La delegación pudo constatar el caso de las detenciones arbitrarias de Ermitaño Bernardo López, Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, Francisco Pedro (Chico Palas), Adalberto Villatoro (Don Tello), Arturo Pablo Juan, Saúl Méndez y Rogelio Velásquez, todos ellos del Departamento de Huehuetenango; en los dos últimos casos mencionados, se ha dictado sentencia absolutoria, pero ambos continúan detenidos.

Todos han padecido su privación de libertad, en la cárcel de Huehuetenango o en la prisión de la zona 18 de Guatemala, bajo condiciones extremadamente difíciles.

Ante estos hechos, Wilder Tayler, Secretario General de la CIJ, urgió a las autoridades de Guatemala a detener la criminalización de la protesta social y las detenciones arbitrarias que este fenómeno conlleva; amedrentar y obstaculizar la labor de defensoras y defensores de derechos humanos constituye de por sí, una violación del derecho de las garantías individuales.

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