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Caso "Bufete de la Impunidad" es trasladado de juez

Guatemala, 16 de Noviembre de 2015 (Cerigua).- En Guatemala, hablar de impuestos es hablar de algo que a nadie le gusta y por más cajas de resonancia que existan, la principal y determinante es la de los empresarios organizados, para quienes nunca es el momento apropiado para hablar de este tema, señaló Ileana Alamilla en su columna de este lunes, publicada en Prensa Libre, la que tituló “El impuesto de la CIGIG”.

CICIGLa columnista aclaró que el título de su artículo es intencionalmente erróneo y provocador; recordó que el encomiable movimiento de indignación ciudadana registrado este año, no hubiera sido posible sin el rol meritorio que ha jugado la CICIG y el respaldo de la embajada norteamericana.

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La Comisión paso a ser, con toda legitimidad, una heroína nacional, especialmente quien la preside, Iván Velásquez; toda la ciudadanía se complace con los logros obtenidos, pero pocos nos damos cuenta del esfuerzo investigativo realizado, así como de los recursos financieros que lo posibilitan, lo cual es comprensible porque éstos han provenido de los impuestos que pagan los ciudadanos de otros países.

A decir de Alamilla, Iván Velásquez comienza a caer en infortunio, al atreverse a hablar de algo que en Guatemala es tabú: los impuestos; todos queremos un Estado capaz de cumplir con su razón de ser, el bien común, y sus competencias constitucionales, pero nos duele aportar los recursos que le posibiliten alcanzar estos propósitos.

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Sin embargo, no hay que confundirse; es el empresario el primero en negarse a los impuestos; si estamos creciendo, porque no hay que afectar ese dinamismo económico; si estamos estancados o decreciendo, porque sería inoportuno desalentar la inversión.

Es completamente inverosímil que cuando se nos está demostrando que con recursos adecuados y voluntad de hacerlo es posible alcanzar resultados, metamos la cabeza en un hoyo y gritemos que más impuestos, eso sí que NO, añadió Alamilla.

En criterio de Alamilla, un impuesto con destino específico permitiría que el Estado no deje de atender problemas estructurales, como salud, educación, infraestructura…, que afectan principalmente a los pobres, que no pueden ser ignorados, por mucho que necesitemos fortalecer la justicia.

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La propuesta claramente señala que este impuesto, notoriamente progresivo, estaría dirigido a los grandes patrimonios, no a las clases medias, ni a los sectores populares; la corrupción acompañada de impunidad sólo se puede combatir exitosamente con suficiente inversión; ahora, más que nunca, se evidencia esta realidad, concluye.

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