Seguir en Facebook
Francisco Rocael Mateo Foto: Diego de León Sagot
Francisco Rocael Mateo Foto: Diego de León Sagot

Guatemala, 07 de Noviembre de 2015 (Cerigua).- En Guatemala se ha implementado una estrategia desde el gobierno, en colusión con empresas transnacionales, con el fin de judicializar las demandas legítimas de los pueblos, dijo Francisco Mateo Morales, miembro del Consejo de Pueblos Mayas (CPO), durante un encuentro mundial de organizaciones de sociedad civil que promueven los derechos económicos, sociales y culturales, celebrado en Nairobi, Kenia.

Francisco Rocael Mateo Foto: Diego de León Sagot
Francisco Rocael Mateo Foto: Diego de León Sagot

En entrevista concedida a CERIGUA, el delegado Popti ante el CPO indicó que durante el 2015 se ha puesto en evidencia “la respuesta agresiva del Estado en contra de las demandas de los pueblos que hemos venido luchando en defensa del territorio desde el 2005”, que se ha traducido en un sinnúmero de demandas penales interpuestas contra líderes comunitarios, acciones que mantienen en prisión a más de una decena de ellos.

“Llevamos diez años de ejercer el derecho fundamental de la consulta, de decirle al gobierno y a las empresas en más de 80 consultas de buena fe, en 80 municipios, en las que han participado más de dos millones de personas, que no queremos la minería, que no queremos este modelo económico que atenta contra la vida”; sin embargo, lamentó que los años han transcurrido y que los proyectos extractivos, como minerías e hidroeléctricas, se siguen imponiendo sin el consentimiento de las comunidades directamente afectadas.

Según Mateo Morales, el Estado nunca ha reaccionado a estas demandas por los cauces democráticos; es más, “encontró la manera más perversa de diluir la presión social y negar los derechos legítimos de las comunidades, a través de la criminalización de las luchas sociales, como parte de una estrategia del Estado y las empresas encaminada a desmovilizar las protestas comunitarias”.

Ha sido un proceso que inició con deslegitimar las consultas de buena fe convocadas por comunidades indígenas, el intento durante la administración del presidente Álvaro Colom de imponer un reglamento que nunca fue consultado con los pueblos concernidos y descalificar a los líderes que han encabezado el rechazo a los denominados “megaproyectos”.

Durante el gobierno de Otto Pérez Molina la estrategia cambió, asegura Mateo Morales; además de la deslegitimación y la descalificación, “funcionarios de gobierno en los niveles local y departamental se han convertido en operadores políticos de las empresas, empiezan a hacer todo un trabajo para obligar e imponer los proyectos ante las autoridades locales y luego se provoca la crisis”, indicó.

“Llegan a las comunidades, identifican personajes, llevan a cabo acciones violentas provocadas de forma deliberada y responsabilizan de ellas a los líderes”, quienes posteriormente enfrentan procesos judiciales por tales hechos; asimismo, estas acciones conllevan un fuerte acompañamiento mediático, con el propósito de “crear en el imaginario nacional que los líderes que luchan por la defensa del territorio son terroristas, delincuentes, y hay que castigarlos y meterlos a la cárcel”, afirmó el representante indígena.

“Vemos con preocupación que desde el Ministerio Público, particularmente la Fiscalía de Derechos Humanos, ha habido parcialidad a favor de las empresas, no se cumplen los plazos procesales y por consiguiente se ha irrespetado el debido proceso” lamentó Mateo Morales; “en lugar de argumentar acorde con los instrumentos internacionales de derechos humanos, son los que están acusando a los líderes” señaló.

Por ello, desde el CPO exigen que el MP haga un trabajo “más profesional, responsable e imparcial”; “estamos dispuestos a asumir el proceso legal en Guatemala, la gente ha estado dispuesta, muchos de los líderes que están en la cárcel nunca huyeron, ahí estuvieron, han sido respetuosos de la ley, pero el trabajo del MP ha dejado mucho que desear”, aseguró Mateo Morales.

Frente a este escenario de conflictividad y criminalización, desatado por la incursión y actividad de empresas en territorios indígenas, el líder indígena insta a las nuevas autoridades que tomarán la conducción del gobierno a partir de enero de 2016, que lleven a cabo “una revisión muy profunda del modelo económico que se ha venido imponiendo e impulsando en nuestro país y que empiece un diálogo sincero y responsable con los diferentes líderes de las organizaciones y comunidades afectadas”.

“Queremos ser sujetos de derecho, estamos exigiendo que el Estado no nos siga viendo como un estorbo en un proceso de desarrollo que se está implementando queremos ser sujetos de derecho”, concluyó.

Comments

comments

No hay comentarios