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Guatemala, 25 de Octubre de 2015 (Cerigua).- El próximo gobernante tendrá reto difícil al frente del país debido a las distintas problemáticas que afectan a la sociedad, principalmente por los altos índices de violencia, los altos niveles de desnutrición crónica en menores de edad, el desabastecimiento en el sistema de salud y el malestar de la sociedad debido a la falta de reformas estructurales al Estado.

27aSe estima que en el país cerca de 2.5 millones de personas se encuentran subalimentadas y el 45 por ciento de los menores de edad presentan desnutrición crónica, pese a la riqueza de recursos, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Por su parte, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) indicaron que los programas vinculados al Pacto Hambre Cero, con el cual se busca erradicar la desnutrición, principalmente en el área rural, no ha tenido cobertura en todo el país.

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En el caso de los ingresos fiscales, se estima que Guatemala tiene una de las cargas tributarias más bajas del contienen y no se recauda ni el 11 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); se prevé que durante este año la brecha fiscal aumente de 3 mil 500 a 4 mil millones de quetzales, señaló la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Durante los últimos meses la imagen del órgano recaudador sufrió un desgate luego que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) develara una red de defraudación aduanera que funcionaba en los principales puertos.

La organización conocida como “La Línea” era dirigida, aparentemente, por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicemandataria Roxana Baldetti; en la estructura supuestamente también participaron la exintendente de aduana, Claudia Méndez Asencio, así como Carlos Muñoz y Omar Franco, ex jefes de la SAT.

A raíz de esto surgió un movimiento ciudadano que causó la dimisión del binomio presidencial y a la vez, demandó reformas al Estado, principalmente a la Ley Electoral y de Partidos Políticos; sin embargo ni las protestas ni las presiones al Legislativo han logrado que las modificaciones sean aprobadas.

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Por su parte los dos aspirantes, Jimmy Morales del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), han abordado de forma escueta estas problemáticas; aunque han prometido lucha contra la corrupción y transparencia en la administración pública, no han presentado sus planes para alcanzar estas metas.

A esto se suma, lo vacio de sus propuestas, los constantes conflictos y señalamientos en los foros de discusión, así como por su negación a revelar las personas que integrarán sus gabinetes de gobierno y sus principales asesores; Morales y Torres tendrán una difícil frente al Ejecutivo para solventar estas problemática y responder las demandas de la sociedad que más que nunca, estará fiscalizando el trabajo de todos los funcionarios estatales.

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