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Presentan estudio sobre pactos colectivos Foto ASIES
Presentan estudio sobre pactos colectivos Foto ASIES

Guatemala, 22 de Octubre de 2015 (Cerigua).- La negociación de los pactos colectivos en las instituciones públicas han incluido una serie de ilegalidades y deficiencias que han comprometido los recursos del Estado, al generar compromisos económicos con los trabajadores, incluyendo autoridades de las dependencias, sin que exista un sustento presupuestario para cumplir con los pagos, señala un estudio elaborado por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASÍES).

Presentan estudio sobre pactos colectivos Foto ASIES
Presentan estudio sobre pactos colectivos Foto ASIES

En el documento se analizan los pactos laborales en el Ministerio de Salud y Asistencia Social, Ministerio de Educación, Dirección General de Aeronáutica Civil y Ministerio de Energía y Minas.

Una de las principales falencias dentro de estos acuerdos, señaló Óscar Rivas Sánchez, autor del estudio, es la de confundir la figura del empleador, que en este caso es el Estado, con el representante de las instituciones públicas, que en la práctica es el encargado de discutir, analizar y aprobar estos pactos.

Sin embargo, aseguró Rivas que esto es una ilegalidad, pues el genuino representante del Estado es el Procurador General de la Nación (PGN) que en ningún momento ha delegado sus atribuciones a otros funcionarios.

El experto afirmó que cuando los representantes de las dependencias estatales negocian los pactos colectivos se genera un conflicto de intereses, pues ellos resultan siendo beneficiados de los acuerdos, principalmente en materia económica; como ejemplo de esto, destacó el caso de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

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El pacto colectivo en esa institución contempla una bonificación por servicio a todos los trabajadores, incluyendo al Director General 3 mil 100; al Jefe de Departamento 2 mil100; al Subjefe de Departamento, 1 mil 900 y al Jefe de Sección 1 mil 800 quetzales.

Se acordó también otorgar licencias con goce de sueldo, salario y bonificación a todos los empleados por “asuntos urgentes o impostergables de carácter privado por un plazo no menor de 3 días”; de igual manera, quienes sean invitados a conferencias, seminarios o becas de estudio en el exterior serán beneficiados con el pago de sus sueldos y demás prestaciones, mientras dure la actividad, y se les proporcionará transporte aéreo y de ser posible, a su conviviente.

Rivas destacó que la negociación colectiva es un derecho consagrado en la Constitución, el cual debe ser promulgado y respetado por el Estado, y los miembros del comité ejecutivo deben de gozar de licencia para realizar sus funciones sindicales, sin embargo en ocasiones estos permisos se extienden a otras personas.

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Este es el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala, que tiene autorizado por parte del Ministerio licencias para los miembros del comité ejecutivo, miembros de cada filial departamental y de cada sub filial, que se encuentran en los municipios y aldeas más grandes, con lo que más de un centenar de personas se ausentan de sus funciones, lo que resulta contradictorio para los intereses del Estado.

El experto citó también los onerosos gastos en el Organismo Judicial (OJ) para el pago de distintos bonos, entre ellos un bono mensual de 800 quetzales, un bono de vacaciones de 1 mil quetzales y un bono de semana santa por 300 quetzales; este tipo de pagos incluye a trabajadores y funcionarios de alto nivel.

Por su parte, los Magistrados tienen derecho al pago de indemnizaciones cuando venza el periodo constitucional de cinco años para el cual fueron electos; en estos casos se trata de contratos a plazo fijo por lo que las indemnizaciones no proceden; asimismo los jueces que no reprueben las evaluaciones obtendrán también una indemnización.

El autor del estudio cuestionó que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CJS) hayan afirmado que no cuentan con los recursos necesarios para ampliar las salas y asegurar el funcionamiento del sistema de justicia, sin embargo erogan fondos para este tipo de bonos.

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David Morales, secretario general de Federación Sindical de Trabajadores de la Alimentación Agro-Industria y Similares de Guatemala (FESTRAS), mostró su rechazo con parte del informe y dijo que para orientar la discusión de los pactos colectivos no es necesario promulgar leyes, sino ordenar los procesos ya existentes.

El sindicalista criticó la actitud de los funcionarios de algunas dependencias que aprueban los acuerdos con los trabajadores, sin embargo luego declaran ante los medios, su oposición a los mismos; no se debe satanizar al sindicalismo, agregó.

Morales se refirió también a uno de los acuerdos mencionados en el estudio, sobre la Municipalidad de Patulul, que fue logrado mediante una resolución judicial, pero se considera que no contiene deficiencias; el activista aclaró que muchos trabajadores en esa comuna fueron despedidos y no han podido ser reinstalados, pese a existir el pacto colectivo; añadió que muchas veces los acuerdos aunque parezcan buenos no se cumplen por parte de las autoridades.

 

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