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Organizaciones sociales y campesinas.

Guatemala, 06 de Octubre de 2015 (Cerigua).- Organizaciones sociales y campesinas exigieron a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y al Ministerio Público (MP) que revelen los nombres de las personas relacionadas en “La Línea 2”, pues consideran que en ésta se encuentran involucrados empresarios que cometieron más que actos de defraudación.

Organizaciones sociales y campesinas.
Organizaciones sociales y campesinas. Foto: Cerigua

Las entidades señalaron que las concesiones de licencias mineras y de explotación de recursos naturales se han otorgado bajo procedimientos anómalos a grandes capitales nacionales y extranjeros, que históricamente han sido los principales evasores de impuestos en Guatemala.

Leocadio Juracán, integrante del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), afirmó que los terratenientes de distintas partes del país han sido parte también de la corrupción, pues a través de sus influencias con funcionarios del Segundo Registro de la Propiedad y de jueces han despojado de sus tierras a los campesinos, recurriendo a prácticas que aparentan ser legales.

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Juracán explicó que la concentración de la tierra afecta la agricultura familiar y contribuye a la situación de pobreza y desnutrición en las comunidades, pues los terrenos que antes eran utilizados para la producción de granos básicos se emplean ahora para la producción de grandes cantidades de palma africana y caña de azúcar.

Datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) señalan que hasta agosto del 2013 existía una plantación de 200 mil hectáreas de palma africana y 300 mil de caña de azúcar; las organizaciones estimaron que 101 hectáreas de bosque se pierden anualmente por la producción de monocultivos.

El dirigente campesino y diputado electo afirmó que esta situación ha causado además conflictos agrarios en distintas partes del país y persecución en contra de líderes y lideresas que su único crimen ha sido la defensa del territorio.

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Señaló que actualmente cerca de 200 activistas enfrentan procesos penales o tienen orden de captura, mientras que anualmente se registran aproximadamente 545 casos de conflictos agrarios, de los cuales más del 75 por ciento continúan sin resolverse.

Juracan aseguró también que el Estado ha descuidado intencionalmente el desarrollo campesino, aparentemente para generar mano de obra barata para las compañías y continuar explotando al campesinado; el activista lamentó también que para el próximo año se plantea reducir el presupuesto del MAGA, lo cual perjudicará a las comunidades.

Señaló que no solo es necesario aumentar los recursos a la cartera, sino también se debe fiscalizar que los fondos sean orientados al desarrollo de la economía familiar campesina, eliminando los programas clientelares que fomentan la pobreza y benefician únicamente a los partidos políticos.

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