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Foto: UNICEF

Guatemala, 01 de Octubre de 2015 (Cerigua).- Un informe elaborado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y la oficina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advierte que la inversión del Estado en la niñez es insuficiente para garantizar su pleno desarrollo y protección.

ninez-unicefEl estudio revela que la inversión pública en la primera infancia, niños de 0 a 6 años, para todos sus niveles es apenas de 6.1 quetzales diarios, cantidad que representó durante el 2014 apenas el 1.93 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

A nivel individual, el Estado destina solo 2.5 quetzales al día, mientras que la inversión familiar y comunitaria se estima en 2 quetzales en promedio (0.6 por ciento del PIB) y la inversión institucional es de aproximadamente de 1.7 quetzales (0.5 por ciento del PIB).

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El análisis destaca que entre el 2007 y 2014 las inversiones presentaron una tendencia decreciente, pese a que en el pasado gobierno, del Partido Patriota, se implementó el Pacto Hambre Cero, iniciativa que buscó consolidar inversiones intersectoriales dirigidas a este grupo de población.

Durante este periodo la inversión individual se destinó principalmente a los temas de salud y educación, mientras que la protección social de los infantes contó con pocos fondos.

Sin inversiones que transformen las estructuras de desigualdad y exclusión dentro del Estado, las atenciones más focalizadas y específicas a la primera infancia harán poco para detener la transmisión intergeneracional de la pobreza y la exclusión, indica el informe.

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Unicef señaló que desde que se aprobó la Convención sobre los Derechos de la Niñez en 1989, Guatemala avanzó en el compromiso de protección para los niños, niñas y adolescentes, aunque de manera lenta, sin embargo dichos avances están en peligro de estancarse o retroceder debido a la falta de inversión social, la poca priorización política, la ineficiencia del gasto público y la corrupción.

ICEFI y Unicef enfatizaron que es necesario retomar los esfuerzos por articular y financiar un sistema de protección social integral para la primera infancia, niñez y adolescencia, según los compromisos del Estado.

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