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Guatemala, 22 de Septiembre de 2015 (Cerigua).- La mañana de este martes fueron capturadas las juezas Marta Sierra de Stalling, presidenta del Juzgado Octavo Penal; Jisela Reinoso Trujillo, del Juzgado Cuarto Penal, así como al magistrado Erick Santiago de León, presidente de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil de Quiché, quienes son acusados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de cometer actos de corrupción.

Sierra de Stalling fue detenida en Torre de Tribunales por los delitos de cohecho pasivo y prevaricato; se le sindica de concretar acuerdos ilegales para beneficiar a seis supuestos integrantes de la estructura de “La Línea”.

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La jueza otorgó medidas sustitutivas y arresto domiciliario sin vigilancia a seis de los implicados, argumentado que no existía peligro de fuga; entre los beneficiados se encontraban Estuardo Salvador González alías “Eco” y Francisco Javier Ortiz Arriaga alias “Teniente Jerez”, dos de los cabecillas de la organización.

Mediante interceptaciones telefónicas se estableció que la resolución de Sierra de Stalling pudo obedecer a una negociación ilegal que sostuvo con los sindicados a cambio de dinero, la cual fue gestionada por Luis Alberto Mendizábal, actualmente prófugo, y personas cercanas a él.

La investigación reveló la participación de abogados del “bufete de la impunidad”, quienes utilizaban sus influencias dentro del sistema judicial para beneficiar a sus clientes, a cambio de una prestación económica; dentro de este caso se encuentra ligado a proceso y en prisión preventiva el hijo de la jueza, Roberto Stalling Sierra.

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La jueza Reinoso Trujillo es acusada de los posibles delitos de lavado de dinero u otros activos, enriquecimiento ilícito e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial y obstaculización a la acción penal.

Los órganos de investigación señalan que la togada incrementó injustificadamente su patrimonio en mas de Q1 millón y cuenta con bienes que sobrepasan su poder adquisitivo y resultan incongruentes con sus ingresos como funcionaria del Organismo Judicial (OJ) y como docente.

Aparentemente Reinoso Trujillo pagó cuotas de enganche y crédito hipotecario con fondos que se desconocen, compró algunos vehículos durante el año pasado, realizando dos pagos en efectivo de Q200 mil y tuvo ingresos de altas sumas de dinero a sus cuentas bancarias; además de ello canceló el 45 por ciento del valor total de una vivienda valorada en más de Q2 millones.

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En el caso del magistrado Santiago de León se le acusa de cohecho pasivo por pretender cobrar una comisión de Q10 millones a cambio de beneficiar con una resolución judicial a una compañía.

Esta investigación inició luego que el representante de la compañía denunciara que el magistrado, con la intermediación de los particulares Enrique Alvarado y Eliot Imeri Díaz, ligados a proceso por tráfico de influencias, le había ofrecido reducir la condena en contra de la empresa de Q93 millones a Q3 millones, a cambio de la suma antes mencionada

 

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