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Agentes de la PNC en San José del Golfo. Foto: Resistencia La Puya
Agentes de la PNC en San José del Golfo. Foto: Resistencia La Puya

Guatemala, 03 de Agosto de 2015 (Cerigua).- Vecinos de San José del Golfo denunciaron la presencia de maquinaria pesada, custodiada por fuerzas de la seguridad pública, la cual pretendía ingresar a la mina El Tambor, pese a que un juzgado ordenó la suspensión de sus operaciones.

Agentes de la PNC en San José del Golfo. Foto: Resistencia La PuyaEn redes sociales, pobladores de la resistencia pacífica de La Puya señalaron que alrededor de la 1:00 AM llegaron a la zona varios camiones junto a un contingente de unos 100 elementos de la Policía Nacional Civil (PNC); algunos agentes portaban armas de fuego, según se pudo observar en fotografías.

De igual manera, los vecinos denunciaron ante delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) supuestas amenazas por parte de las fuerzas de seguridad.

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Hace dos semanas, el Juzgado Tercero del Ramo Civil ordenó a la Municipal de San Pedro Ayampuc suspender las actividades de la mina en un plazo no mayor de 15 días y realizar una consulta comunitaria a los pobladores para determinar si están de acuerdo o no con el funcionamiento de la compañía.

Desde febrero del 2012, pobladores organizados de San Pedro Ayampuc, en su mayoría mujeres, instalaron un pequeño campamento en la entrada del proyecto minero para impedir su funcionamiento; en reiteradas ocasiones los vecinos han manifestado su inconformidad con la operación de la empresa y han exigido se realice una consulta comunitaria, sin embargo las autoridades han rechazado sus peticiones.

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A raíz de las acciones de los comunitarios, en más de una ocasión ha existido tensión entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, inclusive han denunciado actos intimidatorios.

Yolanda Oquelí, una de las activistas de la resistencia, en junio del 2012 fue víctima de un ataque armado cuando se dirigía a su hogar; Oquelí resultó herida y tuvo que salir de la zona algunos meses.

Los activistas también han sido objeto de persecución penal por su trabajo en La Puya; en mayo del 2014 cuatro líderes comunitarios fueron ligados a proceso por supuestamente haber retenido a trabajadores de la mina y amenazarlos para que dejaran su trabajo.

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Por este caso el Ministerio Público (MP) solicitó al Tribunal Octavo de Sentencia una condena de cinco años de prisión, sin embargo los procesados fueron absueltos.

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