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Una cruz recuerda masacre de Río Negro. Foto: OEA

Guatemala, 28 de Julio de 2015 (Cerigua).-  El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) demandará al Estado de Guatemala ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la última masacre cometida durante el tiempo de negociación de los Acuerdos de Paz, conocida como la “Masacre de Xamán”, en la que once personas perdieron la vida, entre ellas varios menores de edad, y 27 más resultaron heridas.

Una cruz recuerda masacre de Río Negro. Foto: OEALos hechos se registraron en la aldea Xamán Comunidad 8 de Octubre, el 5 de octubre de 1995; luego de ocurrida la masacre, la comunidad fue visitada por quien entonces era presidente de la República, Ramiro de León Carpio, quien durante la visita prometió reparación integral y digna, sin embargo, después de 20 años no se les ha dado respuesta a estas 38 familias.

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El GAM ha acompañado el proceso a lo largo de los últimos años y ha gestionado dos reuniones con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington DC, 15 reuniones con el presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos; 20 reuniones con el director del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), Jorge Herrera; dos con el Presidente de la República, una con el actual Vicepresidente, además de otras con el ministro de la Defensa y una el vocero del Presidente, sin llegar a nada concreto.

Durante estos años hemos dejado clara nuestra voluntad de llegar a un acuerdo conciliatorio, sin que por parte del actual gobierno se pudiera obtener la atención y respuesta adecuada a las víctimas de este crimen de lesa humanidad, señala la agrupación, en un comunicado de prensa.

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El Presidente del PNR visitó con una numerosa comitiva la comunidad y prometió a las víctimas que se solucionaría su petición de reparación, sin embargo todo fue una burla más; además, durante las visitas al Presidente no se obtuvo ninguna respuesta a las distintas peticiones.

Finalmente el comunicado del GAM subraya que ante esta situación decidió presentar el caso ante la CIDH y evidenciar así el fracaso en materia de derechos humanos de Otto Pérez Molina.

 

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