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Informe CICIG. Foto: CICIG
Informe CICIG. Foto: CICIG

Guatemala, 16 de Julio de 2015 (Cerigua).- La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentó este jueves su informe sobre el financiamiento de los partidos políticos, en el que señaló que estas organizaciones han recibido fondos del crimen organizado, pero se nutren principalmente de recursos provenientes de redes de corrupción.

Informe CICIG. Foto: CICIGEl Comisionado Iván Velásquez afirmó que los financistas invierten millonarias sumas en las agrupaciones partidarias no porque se interesen en su proyectos, sino porque buscan obtener beneficios del Estado, principalmente en la adjudicación de contratos por obra gris.

Velásquez aseguró que el financiamiento privado ilícito es un peligro para la democracia y entre otras cosas puede ocasionar la compra de influencias y la desarticulación del sistema de partidos.

La Comisión detectó que estructuras del crimen organizado y del narcotráfico se han incrustado en el Estado mediante su relación con las organizaciones partidarias; a cambio de otorgar fondos, estos poderes paralelos obtienen protección por parte de las autoridades e información de acciones que puedan tomarse en su contra.

Sin embargo, la principal fuente de recursos proviene de redes de corrupción creadas por diputados y alcaldes, quienes han sido catalogados como “caciques”, mediante las cuales pueden enriquecerse y asegurar su puesto en el poder.

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Estos funcionarios crean oenegés, empresas dedicadas a la construcción y otras entidades a las que dotan de recursos públicos, los que posteriormente son utilizados para las campañas y otras actividades de los partidos.

En estos casos de corrupción resalta también la influencia de empresas constructoras aglutinadas en asociaciones, las cuales mediante sobornos y entrega de recursos logran que los diputados u otras autoridades les otorguen adjudicaciones.

La CICIG señaló que según el puesto que se busque, los aspirantes pueden recibir aportes de distintos actores; mientras los candidatos al Ejecutivo son financiados por empresas guatemaltecas transnacionalizadas, compañías transnacionales, empresarios organizados en asociaciones, medios de comunicación y proveedores del Estado, los congresistas distritales y alcaldes recurren a fondos propios y de las redes de corrupción mencionadas con anterioridad.

En el caso de los medios, Velásquez criticó la influencia del monopolio de televisión abierta, propiedad del mexicano Ángel González, el cual aseguró ha tenido gran incidencia en las elecciones; luego de realizar éstas declaraciones, los Canales 3 y 7 interrumpieron la presentación del informe.

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El estudio determinó que durante los comicios del 2011 las organizaciones partidarias gastaron Q300 millones más de los que reportaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

También indicó que es difícil cuantificar los montos invertidos en los canales y radios debido a la existencia de distintas frecuencias en los departamentos; el Comisionado dijo que la campaña se oculta bajo notas publicitarias y los medios acuerdan pagos diferenciados según las agrupaciones políticas.

El informe destacó que los recaudadores de financiamiento de las agrupaciones políticas también resultan beneficiados del actual sistema, pues además de manejar a discreción los recursos, los cuales no siempre entrega a totalidad, su vinculación con los políticos y otros poderes puede generarle una serie de beneficios, desde el tráfico de influencias hasta la designación en puestos clave en el Estado.

Como ejemplo de esto, el Comisionado citó el caso de Gustavo Alejos, Secretario Privado durante el gobierno de la UNE, quien dijo se valió de su posición para construir redes y beneficiar a empresas propias y de terceros.

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Durante la administración pasada compañías relacionadas con Alejos fueron beneficiadas con contrato públicos y logró que su padre y hermano fueran postulados al Congreso por el partido oficial.

Velásquez dijo que en Guatemala no existían denuncias por delitos relacionados al financiamiento ilegal de partidos políticos, hasta el caso develado este miércoles en el que fueron señalados miembros del partido Libertad Democrática Renovada (LIDER).

Enfatizó que es necesario que tanto el Ministerio Público (MP) y TSE cuenten con más recursos para perseguir este tipo de delitos, de los cuales el índice de impunidad se encuentra entre el 95 y 100 por ciento.

El Comisionado mostró también su apoyo a las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) presentadas por el TSE al Congreso de la República y recalcó el compromiso del organismo a favor de la democracia.

En la presentación del estudio estuvieron presentes miembros de la sociedad civil, representantes del Sistema de las Naciones Unidas, magistrados del TSE y miembros del cuerpo diplomático, sin embargo ningún representante de partidos políticos se presentó.

 

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