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Guatemala, 11 de Julio de 2015 (Cerigua).- La reforma a la gestión del recurso humano del Organismo Judicial de Guatemala es una necesidad impostergable, particularmente en la actual coyuntura política del país, en la que el reclamo popular exige transparencia y rendición de cuentas, señala un comunicado de la Fundación Myrna Mack (FMM), relativo a las propuestas de reforma a la Ley de la Carrera Judicial.

organismo-judicialA decir de la Fundación, diversos sectores de la sociedad civil guatemalteca consideran imperativo el cambio en la administración de justicia y coincidieron en unir esfuerzos para construir una propuesta legislativa que estableciera los principios, normas y procedimientos, así como los órganos necesarios para la administración y operación del sistema de justicia de Guatemala.

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Representantes de la Corte Suprema de Justicia, de la Asociación de Jueces y Magistrados, del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, del Instituto de la Judicatura, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, elaboraron un proyecto de reforma a Ley de la Carrera Judicial.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, en un acto que traiciona el acuerdo de trabajo conjunto, diseñó y presentó su propia iniciativa de ley a la Dirección Legislativa del Legislativo, misma que carece de los elementos fundamentales para una auténtica reforma al sistema de carrera y que mantiene el control administrativo en manos de la Corte.

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Ante esta situación, la Fundación Myrna Mack denuncia que la propuesta presentada, de manera unilateral y arbitraria por la Corte Suprema de Justicia, no contempla la separación entre la función jurisdiccional y la administrativa; que todos los puestos deben salir a concurso por oposición; la independencia y permanencia del Consejo de la Carrera y que la evaluación del desempeño incluya el acatamiento a las normas deontológicas aplicables al ejercicio de la judicatura.

Finalmente, la Fundación exige al pleno del Congreso de la Republica que al analizar las propuestas de reforma, opten por la que reúne los puntos señalados, para promover un cambio efectivo y eficaz en la administración de justicia.

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