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Orlando López, jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos
Orlando López, jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos. Foto: Cortesía de ICTJ

Guatemala, 24 de Junio de 2015 (Cerigua).- Organizaciones internacionales manifestaron su preocupación por las acciones judiciales que buscan intimidar a los miembros de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP), que ha investigado casos de graves violaciones cometidas durante el Conflicto Armado Interno.

Orlando López, jefe de la Fiscalía de Derechos HumanosTodo parece indicar que las querellas presentadas no tienen sustento legal alguno y buscan intimidar a los fiscales para que cesen en su labor de investigar y procesar a los responsables de las graves violaciones que se han cometido en Guatemala, señalan las entidades mediante un comunicado.

El documento se refiere a la querella penal presentada en febrero pasado por Ricardo Méndez Ruíz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo, en contra de Orlando López, jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos.

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Méndez Ruíz acusó al fiscal de los delitos de violación a la Constitución, apología del delito, abuso de autoridad, entre otros, debido a que López en mayo del 2014 brindó en España una conferencia de prensa sobre el caso de genocidio en contra de Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez.

La primera audiencia del caso se realizó el pasado 13 de abril, en la que el juez Darwin Homero Porras Quezada no permitió la participación del MP ni del denunciado, e impuso un arraigo en contra del fiscal, con lo cual le impide salir de Guatemala.

Posteriormente, Méndez Ruiz amplió la querella en contra de todos y todas las fiscales de Derechos Humanos, a quienes acusó de pertenecer a un grupo delictivo organizado criminal, por haber emitido un comunicado en el que critican la resolución del juez Porras Quezada.

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Las organizaciones enfatizaron que tanto las declaraciones de López como el apoyo expresado de sus colegas constituyen expresiones legítimas protegidas por el derecho a la libertad de expresión, de manera que no pueden ser susceptibles de sanción.

Nos preocupa profundamente que estos actos formen parte de una campaña en contra de los operadores de justicia que actúan en forma independiente e imparcial, con el único objetivo de impedir el acceso a la justicia de miles de víctimas de violaciones de derechos humanos, añadieron.

Las entidades pidieron al Estado y especialmente al Organismo Judicial (OJ) asegurarse que en este caso, así como otros similares, se respete el debido proceso y el derecho a la defensa, que no se permita el uso del derecho penal para criminalizar a las y los operadores de justicia que realizan su labor profesional y que no se toleren las expresiones de odio ni las acciones de intimidación hacia las personas que cumplen con su función de garantía de derechos humanos.

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El documento fue firmado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF), la Plataforma Internacional Contra la Impunidad, Open Society Justice Initiate (OSJI) y Guatemala Human Rights Commission (GHRC).

 

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