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Comisiones de Postulacion

Guatemala, 03 de Junio de 2015 (Cerigua).- La Fundación Myrna Mack, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Instituto de la Judicatura presentaron una denuncia a nivel internacional en contra del Estado de Guatemala, debido a los vicios en las elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones, realizados en septiembre del 2014.

comisiones-de-postulacionLa demanda fue interpuesta el pasado 26 de mayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que el proceso de selección de las cortes no fue objetivo ni transparente y fue permeado por intereses privados de grupos de poder.

En la denuncia se destaca además la vulneración del derecho de acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad en perjuicio de tres profesionales, quienes pese a contar con buenas calificaciones no fueron electas.

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Las irregularidades que acompañaron el proceso de selección de jueces y magistrados afectaron directamente la independencia judicial y una prueba de esto se ve reflejada en la crisis institucional que atraviesa el país y los cuestionamientos que involucran a distintos operadores de justicia, entre ellos la magistrada Blanca Stalling, presidenta de la Cámara Penal, señalaron las organizaciones.

Con esta acción se busca que la Comisión ordene la modificación de la legislación y las practicas que permitieron que estas designaciones irregulares prosperaran, de manera que en un futuro los nombramientos sean objetivos.

A finales de septiembre del pasado año, el Congreso eligió a los 13 integrantes de la CSJ y a los 126 magistrados titulares y 84 suplementes de las cortes de apelaciones, decisión que se tomó en medio de los señalamientos de opacidad y acuerdos previos entre las bancadas del Partido Patriota (PP) y Libertad Democrática Renovada (LIDER).

La sociedad civil criticó que durante el proceso no existió una evaluación de calidad y capacidad profesional en las tablas de gradación, falta de claridad sobre la razón por las cuales se desestimaron la mayoría de tachas contra los aspirantes y el acortamiento del plazo para presentar objeciones en el Legislativo.

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A raíz de esto, cuatro organizaciones interpusieron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), la que otorgó un amparo provisional el 9 de octubre, sin embargo el mismo fue revocado el 19 de noviembre.

La decisión fue tomada por tres de los cinco magistrados de la máxima corte, quienes consideraron que rechazaron los alegatos realizados por la sociedad civil.

La elección de la cortes fue también criticada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que destacó que el proceso fue marcado por la ausencia de criterios objetivos y transparentes para evaluar meritos de capacidad, idoneidad y honorabilidad de los candidatos.

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Asimismo, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados mostró su preocupación por la selección de los miembros de la CSJ y de Sala de Apelaciones, pues dijo que esto no se ha realizado acorde a los estándares internacionales en la materia, particularmente en cuanto a la objetividad y transparencia.

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