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#RenunciaYa
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Guatemala, 22 de Mayo de 2015 (Cerigua).- La crisis política que enfrenta el gobierno de Guatemala, luego de revelarse distintos actos de corrupción, lejos de mermar se ha incrementado tras la renuncia de tres Ministros y el aumento de las demandas sociales que exigen la dimisión del Presidente Otto Pérez Molina.

#RenunciaYaA esto se suma la denuncia penal interpuesta por un congresista en contra del Mandatario por los delitos de asociación ilícita, encubrimiento propio e incumplimiento de deberes, esto luego de conocerse la corrupción dentro del seguro social.

El jueves de esta semana el Mandatario confirmó la salida de los Ministros de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y de Ambiente y Recursos Naturales, Michelle Martínez, ambos acusados de aprobar contratos anómalos.

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López Bonilla ha sido señalado de incurrir en contratos millonarios en la cartera, entre estos algunos por instalación de cámaras de seguridad; el ex funcionario es uno de los hombres más cercanos al Presidente y fue su jefe de campaña en las pasadas elecciones.

Por su parte la ex titular de Medio Ambiente fue vinculada al contrato de Q137 millones que se aprobó a una empresa israelí para la limpieza del lago de Amatitlán.

Estas bajas se añaden a la de Erick Archila, ex Ministro de Energía y Minas, quien renunció el viernes 15 de mayo, y el de su suplente en el cargo Edwin Rodas, quien dimitió del puesto una semana después.

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Las salidas de los Ministros, la renuncia de Roxana Baldetti de la Vicepresidencia y la detención de otros funcionarios nombrados por Pérez Molina han sido consideradas como señales de la caída del gobierno, sin embargo Pérez Molina ha desmentido esto.

La administración de Pérez Molina ha enfrentado quizá la mayor crisis política en los últimos 20 años, esto luego de revelarse una estructura de defraudación aduanera, en la que participaron altos funcionarios, algunos de ellos designados por el Presidente.

Posteriormente, se descubrió otro grupo de corrupción dentro del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), que era dirigido por Juan de Dios Rodríguez, presidente de la institución y otro de los hombres de mayor confianza de Pérez Molina.

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La estructura dentro del seguro social fue acusada de aprobar un contrato a una empresa mexicana, mediante el cual se debería dar tratamiento a enfermos renales; la droguería no contaba con los insumos ni experiencia necesaria para el trabajo, lo que ocasionó el fallecimiento de 17 pacientes por peritonitis.

La desarticulación de esta red significó un duro golpe a las mafias que operan dentro del Estado y representó un golpe mayor al Ejecutivo, que cada pierde más legitimidad.

 

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