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Foto: Ministerio Público

Guatemala, 20 de Mayo de 2015 (Cerigua).- El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) capturaron esta mañana a 16 personas por su presunta participación en la adjudicación de un contrato anómalo entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la Droguería Pisa.

caso-igssDurante los operativos se aprehendió a Julio Roberto Juárez Guerra, presidente del Banco de Guatemala (BANGUAT), acusado de fraude, y Otto Fernando Molina Stalling, hijo de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Blanca Stalling, por asociación ilícita, tráfico de influencias y cobro ilegal de comisiones.

En contra del presidente del IGSS, Juan de Dios Rodríguez, existe una orden de captura por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, cobro ilegal de comisiones, fraude y cohecho pasivo.

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El funcionario logró evadir a las fuerzas de seguridad cuando catearon su vivienda, pero horas más tarde fue ubicado en un hospital privado de la zona 13, en el que se refugió por supuestos quebrantos de salud; las autoridades esperaban una orden de juez competente para proceder con la detención.

La Fiscalía contra la Impunidad del MP y la CICIG señalaron que los detenidos acordaron la adjudicación del contrato millonario, que no llenaba los requisitos ni contaba con la estructura básica para brindar el servicio a los pacientes renales, a cambio de obtener beneficios económicos ilícitos.

Según las investigaciones, los sindicados se habrían quedado con el 15 o 16 por ciento del total del contrato, el cual ascendía a Q116 millones.

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Los demás capturados, entre quienes figuran particulares, miembros del IGSS y de la empresa Pisa, fueron identificados como Herberth Rodolfo García-Granados Reyes; Edgar René de la Pena Archila; Ramiro Armando Lorenzana Ortiz; Arturo Adolfo Castellanos Poou; Doris Eluvia González Salazar; Mayra Lisbeth Gómez Suárez; Alba Maritza Maldonado Gamboa y Delia Aidé Castañón.

Asimismo, se detuvo a Carmen Yadira Gil Quiñonez; Julia Amparo Lotan Garzona; Max Erwin Quirin Schoder; Erwin Raúl Castañeda Pineda y Jesús Arnulfo Oliva Leal.

La empresa Pisa fue acusada de no brindar el tratamiento médico adecuado a los pacientes renales, lo que ocasionó que 95 de ellos resultaran infectados con Peritonitis, de los cuales 13 fallecieron.

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A raíz de esto, Acción Ciudadana (AC) y un grupo de pacientes denunciaron al seguro social y a la droguería por los delitos de homicidio culposo, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y fraude.

 

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