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Foto: MP

Guatemala, 15 de Mayo de 2015 (Cerigua).-  La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró con lugar las solicitudes de antejuicio en contra de tres jueces y una Ministra de Estado, dos de las cuales fueron planteadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por supuestos delitos cometidos.

solicitud-antejuicioLos señalados son Marta Sierra de Stalling, presidenta del Juzgado Octavo de Instancia Penal; Carol Patricia Flores, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo A; Mynor Barrera, del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, y la Ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Michelle Martínez, señalaron medios locales.

Sierra de Stalling es acusada por la CICIG y el Ministerio Público (MP) de incurrir en los delitos de cohecho pasivo y prevaricato por aparentemente recibir un soborno para beneficiar con medida sustitutiva a los cabecillas de “La Línea”, estructura de defraudación tributaria que funcionaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Por su parte, Flores es acusada por las mismas entidades de lavado de dinero u otros activos, enriquecimiento ilícito e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial, debido a que ocultó en su declaración una vivienda ubicada en Fraijanes, cuyo valor resulta incongruente con sus ingresos como empleada pública.

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En tanto la solicitud de antejuicio en contra del juez Barrera fue presentada por el MP, luego de beneficiar con fianza y retirar el delito de intermediación financiera a cinco implicados en el caso del Banco del Café (BANCAFE).

En cuanto a la Ministra de Ambiente y Recursos Naturales el antejuicio fue planteado por el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS), por incumplimiento de deberes, debido a que la funcionaria aprobó el contrato de saneamiento del lago de Amatitlán, sin que existiera un estudio de impacto ambiental.

El convenio para la limpieza del lago con una empresa israelí ascendía Q137 millones, de los cuales fueron cancelados Q22.8 millones, los cuales no podrían recuperarse.

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A partir de ahora, el Congreso de la República deberá integrar una comisión pesquisidora que investigará a la Ministra y decidirá si le retira la inmunidad.

 

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