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Foto: Archivo PDH

Guatemala, 11 de Mayo de 2015 (Cerigua).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recalcó que es necesaria la participación de la sociedad civil y de los periodistas en la construcción del Programa de Protección a Periodistas (PPP) en Guatemala, cuyo proceso ha sido criticado por excluir a los miembros de la prensa.

pdh-programa-_1En su último informe, la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión, de la CIDH, señaló que la mesa de alto nivel y la mesa técnica a cargo del diseño e implementación de este mecanismo han sido criticadas por no incluir la efectiva participación y consultas de la sociedad civil, periodistas y comunicadores sociales.

La Relatoría ha reiterado la importancia que dicho programa de protección sea constituido en consulta con organizaciones de la sociedad civil, periodistas y trabajadores de medios, las cuales deben tener garantizada su participación en la implementación y funcionamiento de dicho mecanismo.

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Destacó también que estos programas deben tener en cuenta la necesidad de garantizar a los periodistas la posibilidad de continuar ejerciendo su profesión y su derecho a la libertad de expresión.

En este sentido, la Relatoría emitió una serie de lineamientos que deben ser tomados en cuenta para la construcción del programa, entre éstos un marco jurídico adecuado, con recursos humanos eficientes y bien entrenados que generen confianza en los beneficiarios, presupuesto suficiente y la adopción de normas que delimiten las competencias y responsabilidades de las autoridades involucradas.

Se debe considerar también una determinación adecuada de los potenciales beneficiarios y los fundamentos mediante los cuales puede procurar protección; que se realice un análisis de riesgo adecuado que permita al Estado establecer el modo más efectivo para cumplir con su obligación de protección.

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La Relatoría señaló que deben brindarse medidas de protección idóneas y efectivas para proteger la vida e integridad de los beneficiarios, las cuales deben corresponder a sus necesidades de trabajo; también se debe tener claro los procedimientos para monitorear el peligro que enfrenta el periodista y la efectividad de las medidas seleccionadas.

En el mismo sentido, enfatizó que las medidas de protección deben ir acompañadas de investigaciones exhaustivas e independientes de los órganos competentes, a fin de prevenir y reducir las fuentes generadoras de riesgo.

En mayo del 2013 el gobierno de Guatemala se comprometió públicamente a implementar un mecanismo de protección a la prensa, esto luego de una iniciativa presentada por Cerigua junto a ocho asociaciones de prensa departamentales.

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Desde esa fecha, el Ejecutivo ha reiterado en varias ocasiones su disposición para crear el programa, instalando una mesa técnica y una mesa de alto nivel para discutir el tema, sin embargo el programa no se ha concretado.

A mediados de marzo, la mesa técnica presentó su propuesta para iniciar la construcción del mecanismo, sin embargo en ésta no se incluyó lo criterios de los periodistas, lo cual ha sido criticado.

Posteriormente, el Ministerio de Gobernación anunció que las discusiones en torno al programa serían discutidos en la Dirección de Derechos Humanos de esa cartera, sin embargo hasta el momento no se ha cumplido.

 

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