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Mapa de Riesgo (enero-marzo 2015)

Guatemala, 11 de Mayo de 2015 (Cerigua).- Decenas de alcaldes en Guatemala han convertido sus cargos en mecanismos de enriquecimiento ilícito, por lo que invierten millonarias cantidades cada cuatro años, durante los períodos de campaña electoral, para ser reelegidos, según analistas y reportajes publicados en la prensa.

mapaderiesgo2015Un monitoreo de medios escritos, realizado por CERIGUA entre 2014 y lo que va del 2015, permite mostrar quiénes son estas autoridades locales que han sido acusadas de incurrir en delitos durante sus gestiones, la mayor parte de las veces vinculados con la corrupción.

El Partido Patriota, con el mayor número de alcaldías del país (183) es al mismo tiempo el que tiene más alcaldías señaladas de cometer actos reñidos con la ley, con 22; aunque esta cantidad solo representa un 12 por ciento de sus comunas.

Datos del Ranking de gestión municipal 2013, presentados en marzo pasado por la Secretaría de Planificación (SEGEPLAN), reportó que 258 de las 334 municipalidades hasta ese momento, en todo el país, presentaban una gestión media baja y baja; es decir, un 77.25 por ciento de las comunas, la mayoría, tenían una gestión débil.

Esta mala gestión municipal se refleja en el monitoreo de medios, en el que aparecen 54 municipalidades con cuestionamientos, el más común relacionado con el mal manejo de fondos, que se repite en 28 casos (un 52 por ciento); el resto de acusaciones se reparten en señalamientos como: abuso de poder, falta de transparencia, uso de obras con fines electorales, negación de información pública, entre otros, con menor cantidad.

Aún más grave puede ser el caso de la UNE, que en 2012 logró 25 alcaldías, de las cuales, en el período analizado: 2014 y lo que va del 2015 aparecen 15 con señalamientos; lo que significa, en porcentajes, que en el 60 por ciento de municipios donde ejerce el poder local, existe algún nivel de corrupción.

Cabe señalar que las municipalidades mejor calificadas en el Ranking de Segeplan solo son tres, con una gestión media alta; Santa Catarina Pinula, en Guatemala; Salamá, en Baja Verapaz y Cobán, en Alta Verapaz

De las comunas antes señaladas, únicamente Santa Catarina Pinula no aparece con señalamientos, en el período de estudio; Cobán y Salamá, sí; el alcalde José Antonio Coro, de Santa Catarina Pinula, ha dirigido esa sede edil durante 15 años, cuatro períodos completos, con los partidos PAN, GANA y últimamente por el Partido Patriota; en febrero pasado renunció a la comuna. Ahora se pasó al Partido Líder.

Las últimas cinco municipalidades con más baja gestión, según el Ranking, son: San Lorenzo, en Suchitepéquez; Santa Ana, Petén; Zacualpa y San Pedro Jocopilas, en Quiché y Ocós, en San Marcos.

Los condenados y los procesados

El ex alcalde de Chiantla, Huehuetenango, René Herrera Alvarado, quedó ligado a proceso por el delito de peculado; el jefe edil se había apropiado de fondos municipales que suman 1 millón 300 mil quetzales; se le fijó una fianza de 500 mil quetzales. Herrera no presentó pruebas que demostraran que no existió corrupción en su gestión, en el proceso en su contra que se inició en 2011 explicó el juez Eric Castillo. (Información publicada el 30 de enero de 2015).

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El alcalde de Fraijanes, Marco Tulio Meda y otros seis miembros del Concejo, fueron condenados por el Juzgado de Primera Instancia de Cuentas de Guatemala al pago o reintegro de 9 millones de quetzales 721 mil 492.37, por haber delegado el cobro del Impuesto Único Sobre Inmuebles, a la empresa Dinámica Constructiva, S.A que se benefició con el 20 por ciento de lo recaudado. (Información publicada el 18 de julio de 2014).

El ex alcalde de San Miguel Petapa, Rafael González, fue ligado a proceso, por haber delegado el cobro del IUSI a la empresa Food Proyects, de nombre comercial Proyectos y Soluciones Tecnológicas. Pagó una fianza de 1 millón de quetzales. (Información publicada el 18 de julio de 2014).

El alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, tiene varios juicios en su contra, uno de ellos por delegación del IUSI a la empresa Dinámica Constructiva S.A., del 2011 a agosto del 2012. La empresa recaudó 14 millones de quetzales. (Información publicada el 18 de julio de 2014).

El alcalde de San Miguel Petapa, Luis Barillas, aunque se negó a extender el contrato autorizado por su antecesor, lo firmó finalmente para seguir el cobro del IUSI. En julio de 2014 el juez no había dictaminado si procedía el retiro de su inmunidad. (Información publicada el 18 de julio de 2014).

El alcalde de San José del Golfo, Elzer Palencia, acusado de lavado de dinero y peculado, pagó una caución económica de 1 millón de quetzales y quedó en libertad. (Información publicada el 3 de abril de 2014).

El ex alcalde de San Miguel Petapa, Rafael Eduardo González Rosales, fue detenido por lavado de 3 millones de quetzales; el 3 de junio de 2013, el juez décimo lo envió a juicio por haber aceptado parte de 1.4 millones de quetzales de la comuna. (Información publicada el 2 de abril de 2014).

El alcalde de Casillas, Santa Rosa, Felipe Rojas Rodríguez, fue detenido el 29 de abril de 2013 junto a su ex tesorero y un contratista, por lavado de dinero. El jefe edil depositó 75 mil quetzales de la comuna en su cuenta personal. (Información publicada el 2 de abril de 2014).

El ex alcalde de Chimaltenango, Augusto Belarmino Montúfar Ramírez, fue acusado de lavado de 5 millones de quetzales el 1 de octubre de 2012; antes fue señalado por el asesinato de su consuegro. En el 2011 fue detenido por lavado de 100 mil quetzales. (Información publicada el 2 de abril de 2014).

El alcalde de Antigua Guatemala, Adolfo Vivar Marroquín, fue capturado el 13 de septiembre de 2012 por haber dirigido una red integrada por 14 personas; enfrenta dos procesos de investigación tras haber sido despojado de su inmunidad. (Información publicada el 2 de abril de 2014).

Compras sin licitar

En mayo de 2014 un diario local publicó que a esa fecha, 112 de las 338 municipalidades no habían realizado compras por concurso, en tanto 278 habían efectuado cinco; las modalidades más comunes son las de compra directa y por excepción, que los jefes ediles defienden por el bajo presupuesto que manejan y con la Ley de Compras y Contrataciones en la mano.

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Marvin Flores, analista de Acción Ciudadana, dijo que lo lógico sería licitar compras, sobre todo las que conllevan adquisición de material, aunque recordó que por ley están permitidos pagos menores a 90 mil quetzales por esta vía, techo que consideró muy alto.

Esto propicia que los alcaldes, en mucha ocasiones dividan varios concursos en montos más pequeños, para poder hacerlo por compra directa o por excepción.

El analista señaló que la municipalidad de Puerto Barrios, Izabal no había publicado en los primeros cinco meses y medio de 2014 ningún concurso en el portal digital Guatecompras, pero realizó 217 adquisiciones directas; el alcalde, José Antonio López Arévalo se negó a dar declaraciones al respecto.

Yener Haroldo Plaza, alcalde de San Lucas Sacatepéquez, con dos compras por concurso y 211 por compra directa, justificó el alto número de adquisiciones sin licitar por el bajo presupuesto que administra su comuna; “lo que no llega a 90 mil quetzales puede realizarse por compra directa. Nosotros no tenemos mucha plata para comprar en grande”, indicó.

Otras municipalidades realizan compras directas o por excepción por montos altos; ejemplo de esto es la comuna que gestiona Arnoldo Medrano; a pesar de que Chinautla cuenta con un balance equilibrado entre compras por concurso y sin licitar, bajo este segundo rubro se pueden encontrar adquisiciones como un motor eléctrico por Q89 mil 225, 31 computadoras por Q80 mil 600 y una bomba sumergible por Q89 mil 278.

Entre las 206 compras sin licitar de la comuna de Villa Nueva, también en el departamento de Guatemala, se registran adquisiciones de llantas de diferentes medidas para uso de la Policía Municipal de Tránsito por Q58 mil 440; compra de mobiliario por Q67 mil 760; cartuchos de tinta por Q81 mil 435; y señales de tránsito por Q88 mil 600.

La municipalidad de Palencia no tiene registradas compras por concurso y cuenta con 176 sin licitar; entre estas hay juguetes entregados en un convivio en diciembre, por Q32 mil 500; un show de luces por Q20 mil, o el arrendamiento de una retroexcavadora por Q58 mil 500.

Sololá, cabecera del departamento del mismo nombre, ha comprado 22 láminas por Q17 mil 599 y adoquín por Q82 mil 350. Contaba con tres compras por concurso y 217 compras en cinco meses y medio de 2014.

Investigaciones periodísticas que molestan

Danilo López, corresponsal de Prensa Libre en Mazatenango, Suchitepéquez, fue asesinado el 10 de marzo de 2015, junto a Federico Salazar, de Radio Nuevo Mundo, quien se encontraba junto a él en ese momento; Marvin Tunchez, de un medio local resultó herido.

Danilo López había denunciado el 10 de abril de 2013 que José Linares Rojas, jefe edil de San Lorenzo, había desviado 2.8 millones de quetzales en construcción de obras; el 9 de julio de ese mismo año el alcalde amenazó al periodista, durante un encuentro en el que se discutió la distribución presupuestaria para 2014.

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En una entrevista póstuma publicada en Prensa Libre, Danilo López declaró: “el alcalde del municipio de San Lorenzo en este momento me preocupa porque hay cosas que acá están ocurriendo, principalmente en la Municipalidad de Mazatenango, que es una de las comunas donde hay un alto índice de corrupción”.

“Es un poco difícil hablar de este tema y sacarlo a luz por lo que ha surgido últimamente con nosotros; en el caso de San Lorenzo, pues es una malversación de fondos de aproximadamente 2.5 millones de quetzales de obras que aparentemente el alcalde las había ejecutado; sin embargo, estas obras no existen; la misma institución que fiscaliza esas obras, en su informe señala que las obras son inexistentes y que hay un faltante aún mayor, no de 2.5 millones, sino de 5 millones”.

Unos días después de las muertes de Danilo López y Federico Salazar, la noche del viernes 13 de marzo, fue asesinado en el municipio de Chicacao, Suchitepéquez, Guido Armando Guiovanni Villatoro, cuando se disponía a ingresar a su centro de trabajo, de la empresa local Servicable.

Inicialmente se dijo que Servicable era objeto de extorsión y que en horas de la mañana había sido capturado un individuo, cuando recogía un paquete que simulaba contener 40 mil quetzales; la banda delincuencial habría decidido hacer un ataque al medio, como represalia, hecho que coincidió con la presencia del reportero en el lugar.

Llama la atención una publicación de Danilo López, en la edición del 11 de agosto de 2014, en la que el dueño Servicable acusa a la municipalidad de Chicacao, Suchitepéquez de abuso de poder, así como daños y perjuicios, al retirar de la vía pública equipo y accesorios utilizados para la transmisión de la señal a los usuarios.

El juez de Asuntos Municipales, Cirilo Tzamol, informó que la resolución fue tomada porque los representantes de Servicable no atendieron las audiencias a las que fueron convocados por el Concejo, pues el permiso que tenía para operar en ese municipio había vencido el 25 de julio de ese año.

En un comunicado, el jefe edil Ricardo Maldonado informó que Servicable pidió un nuevo permiso, pero no le fue otorgado porque no cuenta con el contrato que debe firmar con la Unidad de Control y Supervisión (Uncuso) del Ministerio de Comunicaciones, cuya solicitud le fue rechazada.

Vasni Maldonado, representante de Servicable, manifestó que no fueron convocados a las audiencias, y que los abogados de la firma trabajan en la renovación del contrato con Uncuso; dijo que la Municipalidad no quiso esperar porque buscaba favorecer a otras compañías de cable.

Uri Maldonado, propietario, afirmó que pagan 6 mil quetzales al año a la comuna, como ambas partes lo establecieron en el 2011, pero el alcalde quiere que se le cancele también por los usuarios que tiene en San Miguel Panam, y eso está fueron de su jurisdicción.

 

 

 

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