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Foto: Waqib’ Kej

Guatemala, 31 de Marzo de 2015 (Cerigua).- La Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej considera que el sistema de justicia en Guatemala nuevamente confabula sus esfuerzos para doblegar las voces y las luchas comunitarias; en esta ocasión contra Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, ambos líderes y autoridades del Gobierno Plurinacional de la nación Akateko, Chuj, Poti, Q’anjob’al y Mestizo.

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Foto: Waqib’ Kej

Ambos líderes, quienes habían sido sindicados de los delitos de detención ilegal, coacción y amenazas, de los cuales los primeros dos fueron desestimados, habían recibido arresto domiciliar luego de su primera declaración, sin embargo, al salir de la audiencia fueron detenidos nuevamente bajo una nueva orden de aprehensión firmada por el mismo juez, ahora por delitos de plagio y secuestro e instigación a delinquir.

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La coordinación enfatiza que Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar son parte de las luchas que en todo el país se realizan por la defensa de los territorios, el derecho a la vida de la actual y futura generación, ante la imposición de un sistema económico explotador y extractivo impulsado por el neoliberalismo que criminaliza, reprime y asesina a hombres y mujeres.

La detención repudiable, ilegal e injusta de los líderes comunitarios también está vinculada a las diferentes exigencia y procesos del gobierno plurinacional en la que afecta intereses políticos partidarios y económicos transnacionales en la región occidental del país.

Un ejemplo es cuando recientemente el Alcalde y Corporación municipal de Santa Eulalia impidieron con violencia, intimidación y total impunidad que se reabriera la radio comunitaria Snuq’ Jolom Konob’; este acontecimiento está claramente vinculado a la represión de la cual son objeto.

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Ante esto, la Coordinación y Convergencia Nacional Maya exige la liberación inmediata de Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, quienes están siendo objeto de acusaciones falsas y víctimas claras de la represión Estatal ejercida por el gobierno.

Asimismo, pide el desistimiento de esta persecución jurídica en contra de quienes alzan su voz para la defensa de los de derechos humanos y el territorio; así como el cese inmediato a la represión ejercida por el Estado de Guatemala en todas las regiones del país.

Al Estado de Guatemala que valore, respete, reconozca y respalde, como es su obligación, la valiosa labor que realizan las personas que defienden los derechos humanos y que cese la persecución y criminalización contra ellas.

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A las diferentes organizaciones, comunidades y pueblos URGE articularnos en un movimiento popular y nacional para defender la vida y seguridad de las y los defensores de derechos que luchan por un mejor futuro para la actual y siguientes generaciones.

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