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Foto: Cerigua

Guatemala, 25 de Marzo de 2015 (Cerigua).- En su informe de labores del 2014, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Guatemala destacó que en este país persiste la criminalización y uso de la fuerza pública en contra de los activistas, defensores y defensoras de derechos humanos, así como de los pueblos indígenas que defienden su territorio.

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Foto: Cerigua

Alberto Brunori, titular de la Oficina del Alto Comisionado, dijo durante la presentación del informe que el trabajo de las y los defensores de derechos humanos ha sido obstaculizado por detenciones, campañas de estigmatización y procesos penales en su contra.

Como ejemplo citó el caso de la captura de cinco personas, entre ellas una periodista, durante una manifestación en Chiquimula en septiembre, quienes fueron liberados días después por falta de meritos.

De igual manera, señaló que en febrero, en la Montaña de las Granadillas, Zacapa, propietarios de tierra acusaron del delito de robo agravado a 14 líderes comunitarios que defendían el derecho al agua; pese a que el Ministerio Público (MP) no encontró evidencias en su contra, el caso continuó abierto.

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El informe resalta también que durante el pasado año se incrementó la conflictividad ligada a la explotación de recursos naturales en los territorios indígenas, a lo cual respondió el gobierno con la imposición de estados de emergencia y uso excesivo de la fuerza.

Una de las principales fuentes de tensión entre las comunidades indígenas, autoridades del Estado y empresas continúa siendo la falta de consulta en torno a la construcción de proyectos hidroeléctricos, afirmó Brunori.

El informe del Alto Comisionado resalta que los Estados de Excepción no son las formas de resolver conflictos sociales y en este caso, un importante avance será reformar la Ley de Orden Público que regula estas medidas; la modificación a esta norma es discutida en la Mesa de Seguridad y Justicia del Organismo Legislativo.

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Pese a estas problemáticas, reconoce los avances que ha tomado el Estado hacia los derechos de los pueblos indígenas, como el resarcimiento a las comunidades afectadas por la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy, en la década de los 80’ y el registro de propiedades colectivas en las comunidades de la Sierra de Santa Cruz.

En el mismo sentido destaca la instalación del Gabinete de los Pueblos Indígenas e Interculturalidad, sin embargo dijo que persiste la necesidad de interlocutores de alto nivel para abordar las demandas de los pueblos indígenas.

En el caso de los periodistas, el Alto Comisionado lamenta el reciente asesinado de tres miembros de la prensa en Suchitepéquez y señala que este gremio enfrenta agresiones y amenazas por parte de actores estatales y de la sociedad civil.

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Subraya además la impunidad en el caso de los cuatro comunicadores asesinados en 2013.

Trabajo de la CICIG

El informe de la Oficina del Alto Comisionado elogia el trabajo conjunto que ha realizado la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el MP para la lucha contra la impunidad.

Entre los resultados de este trabajo se encuentran la investigación de una red de corrupción dentro del Organismo Judicial (OJ) y las pesquisas realizadas sobre un grupo del crimen organizado que operada en Petén e Izabal.

La oficina recomienda al Estado ampliar el mandato de la CICIG, que vence en septiembre próximo, como un aporte importante a la lucha contra la impunidad.

 

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