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Foto: ASIES

Guatemala, 24 de Marzo de 2015 (Cerigua).- Expertos internacionales y el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala participaron la mañana de este martes en un foro, en la capital guatemalteca, en el que disertaron sobre las implicaciones de la incrustación del crimen organizado en el Estado y de cómo estos grupos ilegales se han expandido gracias al apoyo de políticos y actores de la sociedad civil.

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Foto: ASIES

La criminalidad no pudiera existir sin la colaboración de agentes del Estado y de la sociedad civil, afirmó el colombiano Luis Garay Salamanca, quien agregó que el capital de esta organizaciones delictivas no se limita únicamente al monetario, sino también se extienden al capital humano, social y cultural.

Garay Salamanca señaló que cuando se habla de miembros de estas organizaciones se tiene la idea de un crimen, sin embargo explicó que existen agentes de la sociedad que desempeñan un papel entre la legalidad y la ilegalidad, pues en aparentes acciones legítimas contribuyen con el crimen organizado; la criminalidad no puede existir sin la vinculación del Estado y de la sociedad sostuvo el experto.

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En este grupo se pueden encontrar a juristas, bancos, casas de cambio, empresarios y financistas; se deben desarticular las redes de conexión con estos grupos aparentemente legales, para poder combatir a estos criminales, aseveró el experto.

Expresó que las organizaciones criminales no están estructuradas de manera vertical, como se suele señalar, sino que se han vuelto flexibles, horizontales y no siempre están a cargo de un criminal común, sino en ocasiones son lideradas por otras personas, como empresarios o políticos.

Para combatir al crimen organizado, señaló Garay, es necesario que exista coordinación internacional y apoyo de otros países para combatir a estos grupos que actúan de manera transfronteriza.

En esto sentido, resaltó el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que ha dado apoyo de fortalecimiento a las instituciones de justicia nacionales.

Sin embargo, el experto señaló que no basta concentrar las acciones en los agentes meramente criminales que son reemplazables, los otros actores a los que se refirió también hay que combatirlos pues esos son indispensables para la reproducción del capital criminal; para esto es necesario el apoyo internacional el seguimiento de procesos penales pero también un cambio social.

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Citó como ejemplo el caso de empresarios de Italia, donde se adoptó un código de ética y han desafiliado a empresas por el simple hecho de ser señaladas de colaborar con la mafia; las compañías son aceptadas nuevamente si mediante un juicio se determina su inocencia.

Por su parte, el mexicano Samuel González Ruiz indicó que los Estados débiles han creado a la delincuencia organizada en América Latina y que actualmente estas son las principales amenazas para los derechos humanos.

Cuando el crimen organizado se infiltra en la sociedad y en el Estado, es una amenaza para los derechos humanos, enfatizó.

González afirmó que en su país, debido a la debilidad de las instituciones, la criminalidad ha avanzado y cometido graves violaciones, como el asesinato de 72 migrantes en 2010 y la desaparición de 43 estudiantes el pasado año.

Compartió el criterio de Garay en relación al apoyo necesario de la comunidad internacional a los Estados débiles para luchar en contra de los grupos del crimen organizado.

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Para esto, dijo, existen distintos modelos como la Convención contra el Terrorismo, la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y afirmó que la CICIG también ha sido un ejemplo de ello.

González afirmó que Guatemala se encuentra mejor gracias a la Comisión, que ha servido como apoyo a las investigaciones del Ministerio Público (MP) y su trabajo no ha representando una violación a la soberanía, pues actúa como querellante adhesivo.

Accionan en contra de la CICIG

La mañana de este martes Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo, presentó una acción de institucionalidad en contra del decreto que creó a la CICIG, según informó Emisoras Unidas.

Posteriormente fuentes informadas indicaron que se supo que el Presidente Otto Pérez Molina no renovará el mandato de la Comisión, que vence en septiembre próximo; esta decisión se tomaría pese a los demandas de distintos sectores de la sociedad porque este organismo continúe su trabajo en el país.

 

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