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Thelma-Aldana
Foto: Sandra Sebastián / Plaza Pública

Guatemala, 18  de Marzo de 2015 (Cerigua).- Representantes de entidades de prensa nacionales sostendrán una reunión la tarde del jueves con la Fiscal General, Thelma Aldana, para entregarle una serie de peticiones sobre los casos de los periodistas asesinados en el departamento de Suchitepéquez.

Thelma-Aldana
Foto: Sandra Sebastián / Plaza Pública

A la cita acudirán miembros de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala (CLPG), de la Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP) y del Observatorio de los Periodistas de Cerigua.

Las entidades de prensa solicitarán a la Jefa del Ministerio Público (MP) se investiguen a profundidad los asesinatos de tres periodistas, ocurridos la semana pasada y se capture a los autores intelectuales de estos hechos para someterlos a la justicia.

Las agrupaciones han mostrado su preocupación por la seguridad de la esposa y la pequeña hija de periodista Danilo López, uno de profesionales asesinados, quien ha recibido amenazas de muerte.

El pasado lunes la APG, la CLPG y Cerigua se reunieron con el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, a quien demandaron resguardar la integridad de todos los comunicadores de Suchitepéquez y de los otros departamentos, que se encuentran en riesgo.

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Ileana Alamilla, coordinadora del Observatorio de los Periodistas de Cerigua, solicitará a la Fiscal General mayor apoyo para la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas, que actualmente cuenta con un agente fiscal y cuatro auxiliares fiscales.

Además del escaso personal, la unidad carece de vehículos y de la infraestructura necesaria para realizar adecuadamente su trabajo en todo el país, señaló la profesional.

Pese a estas dificultades, los auxiliares fiscales han desarrollado su trabajo con mística y empeño, tarea para la cual han contado con el apoyo de la Dirección de Derechos Humanos del MINGOB y de los investigadores de la Unidad Especializada en Investigación Criminal (DEIC), agregó.

Alamilla ofrecerá también a la titular del ente investigador información sobre la situación de la inseguridad que afrontan los comunicadores, principalmente por el crimen organizado, el narcotráfico, los poderes políticos y de autoridades locales que Cerigua ha sistematizado.

Las entidades solicitarán también a la Fiscal General la adecuada protección de los investigadores y fiscales que llevan el caso de los periodistas asesinados, quienes fueron amenazados esta semana.

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Programa de Protección a Periodistas

Desde la semana anterior, la Consultora contratada, en nombre de la Mesa Técnica encargada de la elaboración del Programa de Protección a Periodistas comenzó a circular la iniciativa de este mecanismo, sin embargo priorizó la entrega a ciertas organizaciones y medios, excluyendo a los miembros de la prensa departamental, especialmente a las asociaciones que iniciaron la propuesta.

Este documento fue elaborado únicamente por representantes del gobierno y de organismos internacionales y a pesar de las reiteradas demandas, no se incluyó las peticiones de los periodistas.

Cerigua junto a las asociaciones de prensa que plantearon al Ejecutivo la necesidad de crear un mecanismo de protección a la prensa analizarán la propuesta de la Mesa Técnica que le fue entregada hasta hace dos días y expondrán sus criterios respectivos.

Se espera además que el compromiso del Ministro de Gobernación de incluir a los comunicadores departamentales en esta discusión sea cumplido y no quede en simples palabras, como ocurrió con anterioridad.

La necesidad de adoptar un Programa de Protección a Periodista fue propuesta por las asociaciones de San Marcos, Huehuetenango, Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa, Izabal, Chiquimula y Alta Verapaz desde inicios del 2012; posteriormente a este proyecto se unieron otras dos asociaciones de Huehuetenango y de Alta Verapaz.

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Esta iniciativa fue aceptada por el Ejecutivo, quien el 3 de mayo de ese año se comprometió a implementarla; la anuencia de las autoridades se manifestó nuevamente en octubre, durante el Examen Periódico Universal (EPU) a Guatemala, realizado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Nuevamente en mayo del 2013 el Ejecutivo reiteró su compromiso, pero fue hasta finales de noviembre de ese año que dicha promesa se concretó en la firma de un documento del que se excluyó a la prensa.

Desde entonces periodistas han manifestado su rechazo a las acciones tomadas por burócratas nacionales que durante más de un año solo han sostenido reuniones sin ningún resultado fue hasta hace unos días, que anunciaron la implementación del mecanismo de protección, el que quieren ahora aprobar de manera apresurada a raíz del asesinado de los tres periodistas en Suchitepéquez.

 

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