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Guatemala, 14 de Marzo de 2015 (Cerigua).- La Corte de Constitucionalidad evacuó una vista pública para dar a conocer la acción de inconstitucionalidad presentada por el Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG) en contra del sistema discriminativo e de salarios mínimos diferenciados.

corte-constitucionalidadLa acción del MSICG aborda de manera integral las disposiciones gubernativas dictadas por el presidente Otto Pérez Molina, a través de las cuales se ha desarrollado la política de dumping social del gobierno y el sector empresarial, mediante la cual se pretende favorecer al sector exportador, adicionando condiciones de mayor precariedad económica y social del trabajo a los beneficios fiscales que ya gozan.

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La visita pública revistió un grado significativo de complejidad, toda vez que la inconstitucionalidad planteada ataca los cuatro acuerdos gubernativos, a través de los cuales se crean las circunscripciones económicas y se fijan los salarios mínimos diferenciados en cuatro municipios.

En los alegatos presentados al evacuar la primera audiencia que les fuera conferida, los cuatro alcaldes coincidan en agradecer la pasividad de las Comisiones paritarias y la Comisión del Nacional del Salario ante la implementación de este salario mínimo diferenciado, Comisiones en las cuales participan delegados de varias organizaciones sindicales ajenas al MSICG.

 

En la exposición también se hizo referencia a la preocupación manifestada por la precariedad de los salarios mínimos en el país por parte de diversos organismos internacionales; entre ellos, el Comité de derechos económicos y sociales de la ONU, la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, así como los Relatores Especiales de la ONU en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Seguridad alimentaria.

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El MSICG enfrentó esta vista en condiciones de desigualdad procesal derivado de que el Reglamento específico le otorgó solamente 15 minutos para realizar la defensa de la inconstitucionalidad de 9 normas y referirse a 15 vicios de inconstitucionalidad existente en las mismas, en tanto que otorgó 15 minutos a cada una de las 9 partes procesales del sector empresarial y del gobierno que se oponen a que se declare la inconstitucionalidad de dichas normas.

Finalmente, el MSICG espera que la Corte de Constitucionalidad cumpla su deber de garantizar el orden constitucional, la positividad de las disposiciones del bloque de constitucionalidad y atienda las voces de alarma despertadas de manera generalizada en los diferentes organismos de control y defensa de los derechos humanos económicos y sociales por la grave crisis alimentaria y de precarización social que vive el país.

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