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Mujeres

Guatemala, 06 de Marzo de 2015 (Cerigua).- La Alianza frente a la Criminalización (AFC) demandó al Estado de Guatemala, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, garantizar la protección de las defensoras de derechos humanos, quienes constantemente son objeto de violencia por parte de autoridades y empresas privadas, debido a su defensa de los territorios.

MujeresLas organizaciones denunciaron que el acoso y la violencia sexual, así como la criminalización se han constituido en los principales instrumentos de ataque en contra de las diversas formas de lucha y resistencia de las mujeres defensoras.

En el mismo sentido, condenaron la imposición de Estados de Sitio, Estado de Excepción, la militarización y las acciones tomadas por parte de la policía, empresas nacionales e internacionales, así como guardias de seguridad de estas compañías en contra de los movimientos que defienden los territorios.

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Un ejemplo de la violencia estatal en contra de estos movimientos se registró el 23 de mayo del 2014, cuando un contingente de la Policía Nacional Civil (PNC) desalojó violentamente a la resistencia de La Puya, conformada por pobladores, quienes se oponen a un proyecto minero entre los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.

Este movimiento está conformado principalmente por mujeres, quienes iniciaron las protestas en contra de la mina en 2011; Yolanda Oquelí, una de las lideresas de La Puya, sufrió en 2012 un ataque armado cuando regresaba a su hogar, el cual le provocó heridas en el abdomen y un riñón.

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Lorena Cabnal, de la Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María Xalapan, destacó que defensoras de derechos humanos han interpuesto diversas denuncias contra empresas transnacionales en el Ministerio Público (MP), sin embargo las investigaciones no han mostrado mayor avance.

En contraparte, actualmente existen procesos penales en contra de dos mujeres, a quienes Cabnal consideró presas políticas; uno de estos es el de Bárbara Díaz Surín, de las Doce Comunidades en Resistencia de San Juan Sacatepéquez, detenida en septiembre del pasado año, por un supuesto delito de homicidio.

Díaz Surín es una de las lideresas que se oponen al funcionamiento de Cementos Progreso en el municipio de San Juan Sacatepéquez; organizaciones sociales han considerado este caso como una medida represiva, debido a su oposición a la empresa.

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La problemática de la violencia en contra de las mujeres defensoras es un fenómeno patriarcal, histórico, social y complejo que afecta la vida cotidiana de las mujeres en las diferentes dimensiones comunitarias, rurales y urbanas, señaló AFC.

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