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Guatemala, 02 de Marzo de 2015 (Cerigua).- Si no se adopta de inmediato una política y medidas efectivas que pongan freno a las constantes violaciones a los derechos de las niñas y adolescentes en Guatemala, serán insuficientes todos los esfuerzos que han hecho organizaciones especializadas y entidades de gobierno, señaló Ileana Alamilla en su columna de este lunes, publicada en Prensa Libre y que tituló: Preciosas vidas truncadas.

embarazo-adolescentesAlamilla se refirió específicamente a los embarazos en menores de edad, que según opiniones de expertas y múltiples diagnósticos, sus causas son diversas, desde la visión machista y las relaciones de poder que impulsan a padres, padrastros, tíos, familiares cercanos o desconocidos a disponer del cuerpo de una pequeña o adolescente, la falta de información, la costumbre o la necesidad de afecto, hasta la ansiedad de escapar de un ambiente violento y repugnante en que ellas viven.

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Datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) refieren que durante 2014 se registraron en el país 151 embarazos de niñas y adolescentes entre 10 y 17 años, mientras que el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSAR) documentó, entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de ese mismo año, más de 71 mil embarazos en niñas y jóvenes de 10 a 19 años; estas no solo son cifras alarmantes, son vidas afectadas, cuyas secuelas son irreversibles, subrayó la periodista.

La semana anterior una pequeña, embarazada con tan solo 10 años, fue rescatada de su humilde vivienda, en San José La Arada, Chiquimula; antes de dar a luz ya sabía lo que es ser madre, pues tenía bajo su cuidado a dos hermanitos de 2 y 3 años.

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Como esa niña, en 2014 se presentaron 5 mil 100 embarazos en niñas entre 10 y 14 años, período en el que también se registraron siete muertes maternas en niñas de 13 y 14, así como 37 decesos en adolescentes entre 15 y 19; sus cuerpos no están listos para ser madres y, por tanto, corren mucho más riesgo de perder la vida durante el parto, destacó Alamilla.

Este es un problema que debe ser atacado de raíz, aunque muchos se nieguen a reconocer que todos tenemos parte de culpa con lo que aquí está ocurriendo; si no fuera así nuestra realidad sería otra, seríamos una sociedad menos desigual, con más equidad, con justicia social y oportunidades por igual.

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Alamilla concluyó que el Estado debe garantizar educación integral, información y justicia social; no hay otra salida.

 

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