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agropecuaria. Foto: AGN

Guatemala, 25 de Febrero de 2015 (Cerigua).-  Unas 26 familias mayas Poqomchi y Q’eqchi, de la comunidad de Santo Domingo Rio Blanco, Purulhá, Baja Verapaz, dejaron de ser mozos colonos y se convirtieron en propietarios de una finca de dos caballería y siete manzanas, lo que inyecta optimismo y demuestra que hay salidas para los problemas, siempre y cuando se dialogue y se cumpla con lo pactado, señaló Ileana Alamilla.

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agropecuaria. Foto: AGN

Alamilla refirió en su columna “Eclipse”, publicada en Prensa Libre, que la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC), una organización que acompaña a los campesinos y negocia para obtener resultados, dijo que la lucha para que estos derechos fueran reconocidos tardó 20 años; los campesinos tenían como única forma de retribución semifeudal la asignación de cinco cuerdas de terreno para cultivar sus alimentos y tener donde vivir.

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La columnista recordó que en octubre pasado el gobierno presentó públicamente la reformulación de la Política Agraria, que pasó desapercibida; ésta, busca democratizar el acceso a la tierra para beneficio de comunidades o grupos de familias organizadas sin tierra, e situación de pobreza, priorizando a las mujeres como un actor fundamental para el desarrollo humano integral y todo bajo el marco de “un escrupuloso respeto a lo establecido en la Constitución Política de la República, que protege la propiedad privada y prohíbe su confiscación”.

No se trata de repartir tierra a diestra y siniestra, sino de confirmar comunidades agrarias sostenibles; esa política contiene el acceso a la tierra a través de fondos de garantía crediticia para la compra y arrendamiento, a activos extraordinarios de bancos, al tratamiento de la deuda agraria, aspecto en el que también se avanzó significativamente, añadió.

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A decir de Alamilla, la política en mención aborda el ordenamiento territorial para que haya tierra para crear riqueza, pero también para producir alimentos; en su proceso de formulación se contó con el aporte de los sectores vinculados a la temática agraria y se basó en la adecuación a la realidad nacional de “Las Directrices Voluntarias de Gobernanza de la Tierra” promovidas por la FAO.

Esta política es un instrumento que orienta a la institucionalidad pública agraria con una perspectiva de integralidad para la atención de dicha problemática, el derecho a una vida digna pasa porque la gente tenga oportunidades y condiciones que le permitan desarrollarse, indicó.

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Finalmente, Alamilla recordó que el Acuerdo Socio Económico y Situación Agraria dice “…la tierra constituye para quienes la trabajan base de su estabilidad económica, fundamento de su progresivo bienestar social y garantía de su libertad y dignidad”.

 

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