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Guatemala,  24 de Noviembre de 2014 (Cerigua).- Actualmente la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece la financiación de las organizaciones políticas a través de fondos públicos y privados, sin embargo se considera importante que este sistema sea modificado para evitar la injerencia de financistas, especialmente empresas y medios de comunicación, así como para mejorar la rendición de cuentas, señaló un estudio presentado por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASÍES).

De acuerdo con la investigación, aunque los partidos políticos intensifican su campaña durante el tiempo de campaña, el periodo no electoral les representa también costos significativos, principalmente para la preservación de la organización partidaria; dichos gastos provienen de dirigentes locales, funcionarios o aspirantes a un puesto popular, así como diputados electos.

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Sin embargo, el proceso electoral supone costos más difíciles para sufragar únicamente con las contribuciones internas, por lo que las organizaciones recurren a financistas externos, cuyas motivaciones para apoyar pueden ser diversas, entre ellas un futuro apoyo del político cuando este se encuentre en el poder.

Un claro ejemplo de esto lo representan los medios de comunicación; políticos entrevistados para la elaboración del informe enfatizaron la influencia desmedida de éstos sobre los partidos políticos, aludiendo al ejemplo en el que iniciativas que favorecen a dichos empresarios son apoyadas por unanimidad en el Congreso.

Las contribuciones políticas, de los financistas, buscan influencia en dos direcciones, en el resultado del proceso electoral, otorgando recursos a un candidato para mejorar sus posibilidades de llegar a un cargo público o en las decisiones de un funcionario electo, buscando ventajas o negocios específicos, señaló el informe.

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En el caso de los financistas externos, añadió, prevalece un interés de acceso al funcionario electo con el objetivo de tener la posibilidad de recurrir a él en caso de que la persona o empresa tenga un problema y necesite apoyo del político.

Asimismo, afirmó que aunque este tipo de financiamiento no constituya una total limitación a la autonomía de las organizaciones políticas, la concentración de fuentes de financiamiento puede hacer que los partidos pierdan la perspectiva del interés público y desempeñen su trabajo con orientación a los intereses del financiero.

Ante esta situación, el estudio destacó la necesidad de proponer reformas al régimen de financiamiento, de manera que éste responda mejor a las características reales de los partidos y a sus prácticas usuales de financiamiento.

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De igual manera recomendó que, entre las políticas regulatorias, se debe desarrollar una normativa con respecto al uso de los medios de comunicación, debido a la percepción que se tiene de la influencia de éstos en el resultado del proceso electoral.

La provisión de espacio en los medios, especialmente en la televisión, es una medida pertinente, pero debe ser acompañada de una reducción proporcional y efectiva  en el límite de gastos de campaña, así como de mayores controles por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

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