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Ginebra,  24 de Noviembre de 2014 (Cerigua/Diego de León Sagot).- Con ocasión de su visita a Ginebra como parte de la delegación oficial del Estado de Guatemala que compareció en días recientes ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, Carlos Contreras, Ministro de Trabajo y Previsión Social, indicó que previo a crear un sistema de consulta a los pueblos indígenas se debe agotar una consulta integral con “los genuinos representantes” de dichos pueblos.

Para el funcionario, este proceso debe tener lugar ante los órganos de participación del Estado, tales como la Comisión Tripartita de Asuntos Internacionales del trabajo y los Consejos de Desarrollo, los cuales tienen una convocatoria pública para poder participar; aquellos pueblos que quieran tener voz voto en las decisiones, en el diseño de políticas, en la adopción de alternativas, tienen que atender a las convocatorias que se hacen, afirmó el Ministro en declaraciones exclusivas a CERIGUA.

El tema del derecho a la consulta de los pueblos indígenas fue cuestionado por los expertos del Comité que vigila el cumplimiento de las obligaciones emanadas del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Ministro de Trabajo fue el encargado de exponer ante dicho órgano las acciones que se han tomado de cara a contar con un mecanismo de consulta, en apego a los estándares definidos en instrumentos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

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La delegación oficial de Guatemala fue inquirida respecto de si las consultas a los pueblos indígenas han sido realizadas antes de la aprobación de proyectos extractivistas susceptibles de afectarles directamente, y si existe un marco jurídico e institucional adecuado para llevar a cabo la consulta previa con miras a obtener el consentimiento previo libre e informado de dichos pueblos.

Asimismo, varios expertos solicitaron de manera específica información sobre los procesos de consulta previa en el marco de la construcción de una planta cementera en el municipio de San Juan Sacatepéquez, la mina San Rafael y la hidroeléctrica en Santa Cruz Barillas.

En su respuestas, el Estado dijo que en el país es “incuestionable el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados” pero apelando a la decisión de la Corte de Constitucionalidad considera que el Convenio 169 de la OIT, en sus artículos 6 y 15, carece “de precisión en cuanto al procedimiento adecuado para llevar a cabo y hacer efectivo ese derecho, pudiéndose estimar conveniente cualquier método consultivo que permita recoger fielmente las opiniones de los integrantes de la población”.

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En opinión de Contreras, es importante tomar en consideración lo acertado de la sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad sobre la consulta a los pueblos indígenas, en la que se concluye que antes de poner en práctica un sistema de consulta, se debe consultar a los pueblos sobre cómo éstas deben llevarse a cabo; “no podemos emitir una reglamentación, una ley o cualquier normativa, si no agotamos una consulta integral, partiendo de sus líderes ancestrales”, agregó el Ministro.

“La estrategia es agotar el proceso y tener en los próximos meses ya un sistema de consultas”, adelantó Contreras al tiempo de dejar claro que no se tiene certeza sobre qué tipo de instrumento normativo se elaborará; “qué va a ser, una ley, un reglamento, no lo sé, porque son los pueblos indígenas los que tienen que proponer qué instrumento es el que debe utilizarse para la consulta”, concluyó el funcionario.

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El 28 de noviembre próximo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dará a conocer sus conclusiones y recomendaciones luego de haber examinado al Estado de Guatemala respecto del cumplimiento de sus obligaciones internacionales en la materia; se prevé que el derecho de consulta a los pueblos indígenas será uno de los temas en los que el órgano integrado por 18 expertos hará especial énfasis.

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