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Guatemala, 12 de Noviembre de 2014 (Cerigua).- Organizaciones internacionales exigieron a Guatemala respetar la independencia judicial y anular la sentencia en  emitida por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) en contra de la jueza Yassmin Barrios, por su actuación durante el juicio en contra del ex dictador Efraín Ríos Montt.

El pasado 4 de abril, el Tribunal de Honor inhabilitó a Barrios a ejercer el derecho por un año, ordenó una amonestación pública e impuso una multa de Q5 mil 40.

La medida fue tomada luego que el abogado Moisés Galindo acusara a la juez de haberlo humillado durante el inicio del juicio por genocidio, el 19 de marzo del pasado año; Barrios ordenó al abogado, defensor de Mauricio Rodríguez Sánchez, ex jefe de inteligencia, que defendiera también a Ríos Montt, luego que expulsara de la sala a su abogado, Francisco García Gudiel.

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La togada acusó a García Gudiel de mentiroso, luego que éste intentó separar del proceso a Barrios, por supuesta enemistad, y al juez vocal Pablo Xitumul, de quien dijo era allegado.

Barrios señaló que la sala de apelaciones rechazó las recusaciones en su contra, por lo que lo expulsó del proceso en contra de los militares acusados de delitos contra la humanidad.

La jueza interpuso un recurso que buscaba anular la sentencia, el cual fue conocido por una sala de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que si bien anuló la sanción económica y la suspensión, mantuvo la mancha en su historial, recordaron las organizaciones.

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Con esta decisión, Barrios presentó otro recurso, el cual fue transferido a una corte de femicidos, la que rechazó el recurso; actualmente la Corte de Constitucionalidad (CC) conoce el caso.

Las entidades internacionales resaltaron que la jueza ha actuado admirablemente y con independencia en casos de alto impacto en casi dos décadas de carrera, entre estos el asesinato de Monseñor Juan José Gerardi, el caso de la antropóloga Myrna Mack y crímenes cometidos por narcotraficantes, entre otros.

Una sanción a Barrios amenaza la independencia judicial y la capacidad de jueces, juezas y fiscales de Guatemala para actuar sin temor a interferencias o sanciones; mantener la sanción viola el derecho internacional y por tanto, debe ser anulada, concluyeron.

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