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Guatemala, 10 de Noviembre de 2014 (Cerigua).- Mediante una consulta comunitaria realizada este domingo, pobladores del municipio de Cantel, Quetzaltenango, manifestaron su rechazo a cualquier actividad de exploración o explotación minera en la zona.

En la actividad participaron 23 mil 827 pobladores, entre hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas desde siete años, de los cuales 23 mil 391 externaron su rotundo rechazo a la actividad minera, 139 estuvieron de acuerdo y 297 emitieron un voto nulo, según dio a conocer el Consejo de Pueblos de Occidente (CPO).

Ahora corresponde defender la decisión, pues es legítimo y legal impedir la implementación de cualquier proyecto que directa o indirectamente pueda afectar al pueblo Maya Ki’che’ de Cantel, añadió la entidad.

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Actualmente en el Ministerio de Energía y Minas se encuentra una solicitud de la empresa Sierra Negra S.A. para obtener una licencia de exploración en un área de 97 kilómetros cuadrados, en los que  se incluyen los municipios de Cantel, Almolonga y Zunil, de Quetzaltenango, Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, de Sololá, así como parte de Totonicapán.

A finales de octubre vecinos de Santa María Chiquimula, Totonicapán, realizaron también una consulta comunitaria, en la que el 98.5 por ciento de sus pobladores expresaron su rechazo a los proyectos de exploración y explotación de minería de metales, instalación de generadores de energía geotérmica, construcción de hidroeléctricas, instalación de torres de tendido eléctrico y torres de telecomunicaciones.

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El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Artículo 6,  establece que los gobiernos deberán “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

De igual manera señala que “las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.

Por su parte el Artículo 7 establece que “los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural”.

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