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Guatemala, 05 de Noviembre de 2014 (Cerigua).- En Guatemala existen actualmente en el sector laboral más de 2 millones de mujeres activas, de las cuales únicamente el 29 por ciento pertenece al sector formal y el resto a la economía informal, grupo en el que se incluyen las empleadas de casa particular, quienes son más vulnerables a las violaciones de sus derechos, entre otras cosas, por los bajos salarios, las extensas jornadas laborales y su exclusión del seguro social, señala un estudio de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASÍES), presentado este miércoles.

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Foto: AGN

Aunque las mujeres representan 51.3 por ciento de los 15.6 millones de habitantes, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo e Inversiones (ENEI) del 2013,  solo el 35.4 por ciento, es decir 2.1 millones pertenecen al grupo económicamente activo, en comparación con los 3.8 millones de hombres, indica el estudio.

Además de ello, existe una brecha entre los salarios por género, debido a que en promedio los hombres asalariados ganan un promedio mensual de Q2 mil 87, en comparación con  Q1 mil 968 de las mujeres, explicó Julio Prado, presentador del estudio.

Esta diferencia se hace más evidente en el sector no asalariado, en el que un hombre puede ganar mensualmente Q2 mil 134, en comparación con los Q1 mil 360 que devenga una mujer.

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Prado detalló que el 63 por ciento de las mujeres reporta ingresos menores a las Q2 mil 420, menor que el salario mínimo, y el 84 por ciento ganan menos de Q3 mil 500; añadió que apenas 1 por ciento supera los Q10 mil de ingresos.

Los sueldos precarios afectan especialmente a las trabajadoras domesticas, quienes pocas veces ganan el salario mínimo; Luis Linares, de ASÍES, señaló que el 81 por ciento de estas empleadas devengan Q1 mil mensuales, el 18 por ciento obtiene ingresos que oscilan entre Q1 mil y Q2 mil 530.34 y apenas el 1 por ciento obtiene entre Q2 mil 530.35 y Q4 mil 800.

Este trabajo está infravalorado, incluso en las estadísticas, además de la subestimación que se traduce en una menor remuneración, afirmó el experto.

De igual manera indicó que las empleadas se están sujetas a disposiciones abusivas por parte del empleador, debido a que las obligan a trabajar horas extensas e inclusive a residir con ellos.

En muchas ocasiones, agregó, las familias envían a sus hijas con familiares o allegados acomodados para que trabajen con ellos, sin embargo la relación de parentesco u afinidad genera mayor violación a sus derechos.

Linares expresó que la aprobación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contribuiría a mejorar la condiciones de trabajo de las empleadas domesticas.

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Dicho convenio sobre trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos establece que los empleados deberán gozar por lo menos de 24 horas continúas de descanso, acceso al seguro social, jornadas de ocho horas y derecho al sueldo mínimo; en Centroamérica solo Costa Rica y Nicaragua la han aprobado.

La legislación nacional garantiza una serie de medidas a favor de este sector, sin embargo no siempre son cumplidas; las normas señalan que las empleadas domesticas deben tener un descanso mínimo de 10 horas diarias, ocho de ellas nocturnas y continúas; establece además que el patrón podrá pagar hasta el 30 por ciento del salario en especie.

En este sentido, Maritza Velásquez, de la Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila (ATRAHDOM), dijo que han recomendado al Estado que el pago en especie oscile entre el 25 y el 30 por ciento, pero resaltó que con los sueldos precarios actuales es imposible que una mujer sobreviva de esa manera.

Velásquez enfatizó además que sin el papel que desempeñan las trabajadoras domesticas muchas mujeres y hombres no podrían acceder al mercado laboral, debido a que no tendrían la oportunidad de encargar con alguien a sus hijos e hijas.

Por su parte la titular de la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM), Elizabeth Quiroa, afirmó que han existido avances en los derechos de las mujeres trabajadoras, sin embargo existe aún una brecha grande por superar, especialmente en lo referente a los salarios.

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Otro de los problemas que señaló Quiroa es la discriminación hacia las mujeres en el sector privado, a quienes les solicitan una constancia de no estar embarazadas para poder contratarlas o no contraer matrimonio.

En otras ocasiones, cuando las mujeres tienen planeado contraer matrimonio o planificar una familia, las obligan a aplazar la decisión, a cambio de una plaza; esta violación se da en todos los sectores, aseguró.

Quiroa manifestó que es necesario que la violencia hacia la mujer en el ámbito laboral sea abordado desde una política pública, debido a que presentar las denuncias a las víctimas representa un desgaste y además son revictimizadas.

Se deben mejorar los controles por parte del Ministerio de Trabajo, pero es trascendental que los empleados cumplan también con sus obligaciones, afirmó.

Por su parte el sector organizado de trabajadoras del hogar consideró necesario que el  Ministro de Trabajo, Carlos Contreras, envié al Organismo Legislativo el Convenio 189 de la OIT, el cual se encuentra actualmente en su despacho; las mujeres urgieron al Estado a aprobar esta norma para garantizar sus mejoras laborales.

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