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Guatemala, 29 de Octubre de 2014 (Cerigua).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado de Guatemala por su omisión en la investigación del asesinato del activista Florentín Gudiel Ramos, así como por la falta de protección a su hija, también defensora de derechos humanos, Makrina Gudiel.

La Corte emitió la sentencia debido a la falta de investigación del homicidio, ocurrido el 20 de diciembre del 2004 en Escuintla, así como por el desplazamiento forzado de algunos integrantes de su familia, entre los que se encontraban un niño y una niña.

Los jueces determinaron que no contaban con suficientes elementos para declarar incumplimiento por parte del Estado de su obligación de garantizar la vida y los derechos políticos de Gudiel Ramos, sin embargo concluyó que Guatemala sí era responsable internacionalmente por incumplir con su obligación de garantizar los derechos a la integridad personal, y de circulación y residencia, violaciones relacionadas con los dos menores de edad.

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Una vez que el Estado tuvo conocimiento que la defensora y su familia se encontraban en una situación de riesgo real e inmediato, el cual podía estar vinculado con su trabajo, no adoptó las medidas adecuadas y efectivas para atender las circunstancias del caso y proteger a las personas, ni averiguar el riesgo al que estarían expuestas.

La sentencia añade que Guatemala incumplió con garantizar los derechos políticos de Makrina Gudiel, debido a que no pudo continuar ejerciendo los cargos que ostentaba en el momento de los hechos.

La Corte ordenó llevar a cabo las investigaciones y procesos penales correspondientes, a fin de individualizar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales del crimen y las amenazas contra su familia.

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Estableció además que se deben garantizar las condiciones de seguridad de la familia para que pueda retornar a su lugar de residencia, brindarle gratuitamente tratamiento sicológico y siquiátrico, entre otros puntos a cumplir por el gobierno.

Gudiel Ramos era alcalde del poblado de Cruz de la Esperanza, Santa Lucía Cotzumalguapa, al momento de ser ultimado; en 2002 fue reconocido como Héroe Anónimo por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

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