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Guatemala, 28 de Octubre de 2014 (Cerigua).- La Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP) manifestó su preocupación por la violación de las autoridades a los principios constitucionales de inviolabilidad de correspondencia y documentos, así como la prohibición de exhibición de documentos, sin el consentimiento del autor.

La Cámara rechaza la utilización anticipada a su publicación por entes ajenos al medio de comunicación, de documentos y materiales informativos, propiedad exclusiva de los responsables de las investigaciones periodísticas, expresó la organización a través de un comunicado.

El lunes 15 de septiembre la Vicepresidencia difundió en su sitio oficial y en redes sociales un reportaje de elPeriódico, que sería publicado al día siguiente, sobre una propiedad de la Vicemandataria Roxana Baldetti, ubicada en Tecpán, Chimaltenango.

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La información del matutino afirma que el inmueble de Baldetti asciende a Q25 millones y éste fue comprado a la familia Jarquín, una de las principales proveedoras de medicamentos del Estado; en su defensa la funcionaria aseguró que la finca fue adquirida cuando aún era diputada al Congreso.

Luego de hacer pública la denuncia, elPeriódico informó que su página de Internet era blanco de un ataque, lo que dificultó el acceso al reportaje y señaló que varias de sus ediciones escritas fueron compradas por un solo grupo, a voceadores.

El Ejecutivo aseguró que la investigación formaba parte de una campaña de desprestigio, difamación y calumnias emprendida por el medio en contra del binomio presidencial.

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La CGP externó también su preocupación por la presión directa e indirecta que pueda realizarse en contra de periodistas, columnista o colaboradores para que se alinien a la posición editorial del medio, lo cual afirmaron significa una censura encubierta.

En este sentido, instaron a los propietarios de los medios para que se promueva y respete la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, basado en parámetros profesionales y no en líneas editoriales partidistas, ideológicas o políticas.

De igual manera solicita a las autoridades vigilar el cumplimiento del respeto al ejercicio del derecho humano universal de expresarse plenamente en una sociedad democrática.

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