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Guatemala, 27 de Octubre de 2014 (Cerigua).- Pobladores de Santa María Chiquimula, Totonicapán, realizaron este domingo una consulta popular, efectuada en 18 comunidades, en la que manifestaron su oposición a la explotación minera en la zona, según dio a conocer el Consejo de Pueblos de Occidente (CPO).

Para la consulta fueron convocados 38 mil habitantes, de una población de 50 mil personas, sin embargo los organizadores estiman que participaron más de 39 mil, de las cuales el 98.5 por ciento externaron su oposición a la instalación de mega proyectos.

La consulta comunitaria ha sido una forma milenaria de nuestro pueblos para la toma de decisiones que representa una forma profunda y democrática, donde existe la participación de toda la población, incluyendo la niñez y adolescencia, resaltó el CPO, que recordó que anteriormente se han realizado actividades similares en 73 puntos del país.

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En la actividad participaron habitantes desde los 7 años, a quienes se les consultó su aceptación o rechazo a los proyectos de exploración y explotación de minera de metales, instalación de generadoras de energía geotérmica, construcción de hidroeléctricas, instalación de torres de tendido eléctrico y torres de telecomunicaciones.

Durante las primeras horas de este domingo, aproximadamente a 4 kilómetros la comunidad El Rancho se reportó la caída de varios árboles sobre la carretera; se presume que algunas personas tuvieron la intención de obstaculizar la carretera, para obstaculizar la realización de la consulta, sin embargo la vía fue liberada.

Los organizadores recordaron que las consultas comunitarias se encuentran establecidas en Artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el que señala que “los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

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En el mismo sentido resaltaron que la Constitución Política, en su Artículo 66, garantiza que el Estado reconoce, respeta y promueve las formas de vida y organización de las comunidades indígenas.

En tanto los Artículos 3, 4 y 5 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establecen que las poblaciones originarias tienen derecho a la libre determinación de su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.

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