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Guatemala, 18 de Octubre de 2014 (Cerigua).- El gobierno anunció la ampliación por 15 días más, del Estado de Prevención decretado en el municipio de San Juan Sacatepéquez, Guatemala, medida que fue impuesta luego del asesinato de 11 personas, ocho de ellas de una misma familia, el mes pasado.

La continuidad del Estado de Prevención fue dada a conocer este viernes, luego de una reunión del Gabinete de Seguridad, sin embargo el Ejecutivo no argumentó las razones que tuvo para ello.

La tercera semana de septiembre en la aldea Los Pajoques, de San Juan Sacatepéquez, 11 pobladores murieron de forma violenta; tres de las víctimas fueron asesinadas aparentemente por trabajadores de Cementos Progreso, en tanto las otras ocho, de una misma familia, se presume fueron ultimadas por vecinos que se oponen al funcionamiento de la empresa.

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Bajo el argumento de garantizar la seguridad de los miembros del municipio, el gobierno decretó un Estado de Prevención el 21 de septiembre, que duraría 15 días, sin embargo se extendió por otras dos semanas el 3 de octubre.

El Estado de Prevención limita el derecho a la libre locomoción, a las manifestaciones y reuniones públicas, el derecho a la huelga, así como a la portación de armas de fuego.

Pobladores de San Antonio Las Trojes I han denunciado ante la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) abusos por parte de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y el ejército, destacados en el área.

De acuerdo con los señalamientos, los elementos de seguridad revisan de manera inadecuada las legumbres y vegetales de los comerciantes, provocándoles daños que impiden su venta; de igual manera denunciaron que acosan a las mujeres durante la revisión, tocando sus partes intimas.

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Otra de las quejas presentadas por la población es la limitante a reunirse, debido a que muchos profesan el cristianismo, sin embargo las autoridades no les permiten asistir a los templos o viviendas donde se realizan las actividades religiosas.

Por su parte, lideresas de las Doce Comunidades de San Juan Sacatepéquez afirmaron que las fuerzas de seguridad han realizado detenciones ilegales, violado a mujeres y acosado a menores de edad para obtener información.

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